Contraloría le da la razón a la CCC y a Manizales en Común en caso de Zonas Azules

En un informe de auditoría del mes de septiembre, la Contraloría General de Manizales advirtió la falta de planeación que existió para la concesión de las Zonas Azules de la ciudad y, en consecuencia, configuró un hallazgo con alcance disciplinario. La entidad de control llegó a esta conclusión después de la denuncia que hicieron la Corporación Cívica de Caldas (CCC) y Manizales en Común. Hoy se espera que la Alcaldía de Manizales asuma la responsabilidad administrativa que correspondan.

Dentro de las diferentes advertencias que se hicieron, la CCC resaltó que en la etapa precontractual de la licitación se hizo un estudio de mercado deficiente, lo cual llevó a la participación de solo dos proponentes y, por consiguiente, a la selección de la empresa SUTEC, una empresa altamente cuestionada a nivel nacional e internacional. En una comunicación que la CCC hizo llegar a la Contraloría, se especificó que la Alcaldía de Manizales no había seguido los estándares de Colombia Compra Eficiente en la estructuración de este análisis del sector y que el documento que se hizo pasar como estudio no presentaba ninguna identificación de posibles proponentes, ni evidenciaba ningún diagnóstico que reflejara un contexto mínimo del servicio a contratar.

La Contraloría asumió la investigación, encontró razones para darle la razón a esta denuncia y, en consecuencia, concluyó que existen hallazgos con alcance disciplinario. En este caso la CCC espera que se tomen los correctivos pertinentes y que se asuma la responsabilidad que le atañe a la Alcaldía de Manizales. 

 

Lo que concluyó la Contraloría General de Manizales

Al revisar la documentación de la etapa precontractual de esta licitación de las Zonas Azules, la Contraloría General de Manizales concluyó lo siguiente (lea aquí el informe completo):

"El análisis es débil y no logra ni medianamente lo que tiene por finalidad el análisis del sector, que es el conocimiento de ese mercado al que se debe ingresar a buscar los bienes o servicios para satisfacción de la necesidad.

No se hace un estudio ni siquiera general del contexto local, regional o nacional sobre lo que representan las zonas azules en materia laboral y económica, la forma en cómo se presta ese servicio, que medios tecnológicos se usan o si por el contrario no existe ninguno, y si podrían ser aplicables tecnologías de otros países.

Tampoco qué tipo de personas jurídicas, naturales, públicas, privadas con y sin ánimo de lucro prestan y han prestado este servicio, cifras sobre sus indicadores financieros y/o de trabajo y el comportamiento de las mismas en un periodo determinado de tiempo. Mucho menos, se evidencia que se haya profundizado en la dinámica de las zonas azules en Manizales, pues se menciona que las condiciones del parqueo actuales son extremas, que tarifas aplican y que no existen alternativas adecuadas de parqueo fuera de la vía, sin embargo, esto se sustenta en nada, no hay mediciones ni números que justifiquen tales afirmaciones.

No existe un análisis sobre el número de parqueaderos públicos y el papel de estos frente al espacio público, el número de vehículos matriculados en Manizales, de ellos cuales circulan realmente y cuáles no, mediciones de espacio para parqueo, identificación de sectores críticos afectados para el parqueo, si estos deben continuar, modificarse o suprimirse; qué papel juega el transporte público de pasajeros y de carga y la influencia de estos, el número de personas que utilizan estos medios, las zonas de carga, las dificultades o beneficios que se han tenido con el actual modelo de parqueo en Manizales o en otros municipios, infraestructura vial, sus condiciones y la posibilidad de afectarla de manera proporcional para parqueo, accidentalidad en estas zonas y en todo el municipio, numero de comparendos impuestos por infracciones de tránsito relacionadas con el parqueo, en general, un estudio más que escueto que no ilustra a la administración ni a los posibles participantes, como tampoco a la ciudadanía.

La Contraloría reconoce que esta deficiencia de planeación, en el estudio de mercado, lleva a inconsistencias en los criterios que se usaron para la selección del proponente ganador:

"Lo antes dicho, conduce a que exigencias hechas a los participantes no tengan fundamento alguno, como que las personas jurídicas estén constituidas como mínimo 5 años antes del cierre del proceso, pues como consecuencia del desconocimiento del sector, no hay elementos que permitan concluir que por los riesgos del mercado o por antecedentes históricos o por razones de cualquier otro tipo, era estrictamente necesario acreditar ese requisito de constitución.

Igual sucede con los consorcios y uniones temporales, estas deben estar constituidas por máximo dos personas. Nuevamente, parecería una exigencia caprichosa, para la cual no hay ningún tipo de argumento, limitándose el derecho de asociación por razones desconocidas. Así mismo, se exige que la participación sea de 50% para cada uno de los miembros de uniones temporales, cuando esto no es una conclusión de ningún análisis que haya adelantado la entidad. Sumado a esto, como una exigencia, el representante legal del consorcio o Unión Temporal debía ser el que acreditara la mayor experiencia en esta modalidad de contratación. Requisito más, que no corresponde a análisis alguno.

No resulta claro entonces porque la entidad tiene ciertos criterios de evaluación, de capacidad jurídica, administrativa, operacional o financiera, pues estos no obedecen tampoco a un análisis detallado y profundo del asunto."

Y agrega:

"La licitación termina adjudicándosele a una persona jurídica extranjera con sucursal en Colombia, pero ni siquiera el análisis del sector contempló que personas jurídicas extranjeras o nacionales podían llegar a participar en el proceso, lo que evidencia aún más el desconocimiento del sector la entidad cuando adelanto el proceso.

En la calificación, la entidad otorgo 45 puntos al proponente que ofrecía el mayor porcentaje de participación económico para el municipio respecto del mínimo establecido, pero nunca tampoco indico las razones para que fuera ese criterio el que más puntaje concediera, y si en algún momento podía ponerse en riesgo la operación de las zonas con ofrecimientos que pudieran generar algún desequilibrio en los gastos de administración y en la utilidad del adjudicatario, otra vez, en extremo somero el análisis hecho por la entidad."

 

 

 

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