Desde el comienzo de la administración del Dr. Jorge Eduardo Rojas, cientos de ciudadanos en Manizales tuvieron que acudir a una acción de tutela para obtener respuesta de la administración municipal frente a trámites cotidianos como la devolución de pagos indebidos, el estado de comparendos o el reconocimiento de pensiones. Esta cifra revela un problema estructural: la ausencia de mecanismos de información claros y accesibles que permitan resolver consultas simples sin necesidad de acudir a acciones jurídicas.
Entre el 1 de enero de 2024 y el 21 de agosto de 2025 se presentaron 1.086 acciones de tutela contra el municipio de Manizales por presunta vulneración del derecho de petición.
La información aportada por la administración municipal en respuesta al Derecho de petición que sobre este tema presentó la Corporación Cívica de Caldas nos aporta la siguiente información con respecto a la información reclamada y la cantidad de tutelas recibidas por cada secretaría:
En 2024 la Alcaldía de Manizales contestó por fuera del plazo legal 1 de cada 3 derechos de petición
• Secretaría de Hacienda: concentró el 36,56% de las tutelas, principalmente por solicitudes de devolución de pagos indebidos, aclaraciones del impuesto predial y peticiones de prescripción de deudas tributarias.
• Secretaría de Movilidad: fue responsable del 17,96%, relacionadas con información sobre comparendos, acuerdos de pago, recuperación de vehículos inmovilizados y recursos de reposición.
• Secretaría de Educación: acumuló el 17,68%, en especial por trámites de pensiones, pago de bonos y certificaciones laborales.
En conjunto, estas dependencias representan más del 70% de las tutelas recibidas en este periodo
La urgencia de mecanismos de información abiertos y accesibles
La masiva interposición de tutelas por temas administrativos rutinarios refleja un déficit en la capacidad institucional para ofrecer información oportuna y comprensible. No se trata únicamente de una falla de eficiencia, sino de un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
La transparencia en la administración pública implica una reflexión y acción constante para la incorporación de herramientas sencillas y amigables, de acceso directo que reduzcan la intermediación y eviten trámites engorrosos.
• Transparencia en la gestión pública
Brindar información accesible y de calidad no es un favor de la administración: es una obligación legal y ética. La transparencia previene la desinformación, mejora la rendición de cuentas y evita que los ciudadanos perciban la necesidad de judicializar sus derechos para acceder a información que necesitan.
• Sobrecarga para la administración
Cada tutela representa un procedimiento adicional que consume tiempo de abogados, funcionarios y jueces. Responder a más de mil tutelas significa destinar recursos que podrían emplearse en mejorar los servicios públicos, la atención al usuario y el diseño de políticas preventivas.
• Congestión del sistema judicial
La tutela fue concebida como una herramienta excepcional para la protección de derechos fundamentales, no como un mecanismo cotidiano de consulta. La falta de información accesible convierte al juez en mediador de trámites que deberían resolverse en una ventanilla administrativa, generando una congestión innecesaria que afecta a quienes requieren una protección urgente.
• Llamado a la acción
La Corporación Cívica de Caldas invita a la Alcaldía de Manizales a liderar un proceso de modernización de sus canales de información. La implementación de plataformas digitales de fácil uso, ventanillas únicas y la publicación proactiva de datos relevantes son medidas que evitarían que miles de ciudadanos tengan que acudir a la justicia para ejercer un derecho fundamental.
Además, la tutela fue concebida como una herramienta excepcional para la protección de derechos fundamentales. Su uso masivo para trámites administrativos rutinarios convierte al juez en mediador de asuntos que deberían resolverse sin necesidad de judicialización, generando congestión en el sistema judicial.
La garantía del derecho de petición comienza con una administración transparente, eficiente y cercana a la gente. La ciudad requiere soluciones estructurales que reconozcan a la información como un bien público esencial, y que hagan de la confianza ciudadana un pilar de la gestión municipal.