El Hospital San Isidro de Manizales y Cooservigensa. El costo de posponer.

La Corporación Cívica de Caldas advierte que la deuda del Hospital General San Isidro con la extinta cooperativa Cooservigensa, originada hace más de una década por el incumplimiento de pagos en 2014, se ha convertido en un problema financiero que compromete recursos públicos de la ciudad. Lo que comenzó con una obligación de $932 millones hoy, 10 años después supera los $2.000 millones por intereses acumulados, aunque se han realizado pagos aislados por más de $1.600 millones. Es importante resaltar que el Hospital San Isidro es una Empresa Social del Estado, constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada del municipio de Manizales. La Alcaldía de Manizales integra su junta directiva y comparte responsabilidad en la gestión, cuya falta de acción oportuna por cuatro administraciones ha permitido que el detrimento patrimonial persista.

La Corporación Cívica de Caldas insta a que los directivos del hospital, así como la administración municipal de Manizales —también doliente en este asunto—, se asesoren profesionalmente y de forma interdisciplinaria (jurídica, financiera, administrativa) para diseñar y ejecutar una solución estructural que ponga fin a esta deuda histórica, recupere la estabilidad financiera del San Isidro y proteja, de una vez por todas, el patrimonio público que afecta a todos los habitantes de la ciudad.

Antecedentes

En 1999 se presentó la necesidad de reestructurar el Hospital de Caldas, que hoy conocemos como el SES. La reestructuración debía darse a todos los niveles: financiero, administrativo, laboral, etc. Esto ocurrió durante la administración de Germán Cardona Gutiérrez, quien, aunque no podía evadir la responsabilidad de la reestructuración, quiso ayudar a las cientos de personas que quedarían sin empleo. Para ello, promovió que se convirtieran en empresas de economía solidaria.

Con ese propósito, algunos empleados del hospital viajaron a conocer la experiencia de San Alberto, Cesar, con Indupalma, y regresaron muy impresionados con los beneficios del modelo.

Germán Cardona apoyó el proceso y, en el año 2.000, se crearon cinco cooperativas. En ellas, personas que habían sido empleadas del hospital —muchas de ellas de edad avanzada, con dificultades para conseguir trabajo y buscando compeltar las semanas y/o edad para pensionarse — asumieron un nuevo rol como empresarios solidarios. Aprendieron muchas cosas para que ese cambio fuera posible y exitoso; entre otras, aprendieron a licitar.

El caso Cooservigensa

Cooservigensa fue una de esas empresas. A través de licitación, prestaba servicios de aseo, lavandería, mantenimiento y alimentación. Ganaron licitaciones con la SES y luego se fueron expandiendo: estuvieron en Pereira, Armenia, Cali, Villavicencio, Bogotá y San Andrés. Llegaron a tener alrededor de 600 trabajadores en todo el país.

La idea principal era que las personas que salieron del hospital continuaran percibiendo ingresos y pudieran pensionarse, aunque también aspiraban a mantener la empresa mientras el mercado lo permitiera.

En 2012 a esta empresa le fueron adjudicados unos contratos con el entonces Hospital Geriátrico San Isidro, a través de licitaciones. Esos contratos implicaban una inversión muy alta, ya que debían montar la cocina y la lavandería —porque allí se lavaba la ropa a mano en lavaderos de piedra—, y toda la nueva infraestructura debía cumplir con las exigencias de habilitación de servicios de salud y del Invima.

En 2012 y 2013 los pagos por los servicios prestados se demoraban, pero llegaban. En 2014 dejaron de pagar y, cuando la deuda ascendió a $932 millones, la situación se volvió insostenible para la cooperativa, que tuvo que retirarse. Poco tiempo después, se vieron obligados a liquidarla.

Estamos hablando de un contrato que inició y terminó durante la primera administración del Dr. Jorge Eduardo Rojas Giraldo (2012–2015).

El gerente de la cooperativa consiguió dinero prestado para liquidar Cooservigensa y endosó la deuda a otras empresa que le dio la mano llamada Ascolser, que quedó con la titularidad de la misma. Todo el proceso de cesión fue jurídicamente avalado. Gracias a ello, se pudieron pagar los sueldos atrasados y las demás obligaciones pendientes de Cooservigensa, pero ese dinero provenía de un préstamo, de modo que igualmente era necesario cobrar la deuda.

Las demandas

Fue necesario demandar ejecutivamente el pago de esos dineros por vía judicial en el año 2015. Ese mismo año fue notificada la demanda, sin que fuera contestada; es decir, San Isidro renunció al derecho de defensa en dicha etapa procesal, por lo que el juez accedió a las pretensiones del demandante. En la sentencia se ordenó el pago de capital e intereses por un valor total de $1.659 millones.

El fallo llegó durante la administración del Dr. Octavio Cardona. Sin embargo, el gerente del hospital de la época no apropió los recursos para el pago.

Dos años después, se solicitó ante un juez la reliquidación de la deuda, que se estimaba en $2.198 millones. En esa ocasión, el hospital sí se presentó ante el juez para objetar la liquidación y apelar la decisión, pero el Tribunal Superior de Manizales les dio la razón a los demandantes. Por eso, quedó en firme la liquidación aprobada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales.

Frente a esto, el hospital solicitó un acuerdo de pago para ponerse al día con la obligación. Dicho acuerdo suspendía la ejecución del proceso por el término de un año, que era la duración pactada. Solo pagaron la primera cuota, de $500 millones, e incumplieron lo demás.

Posteriormente, se solicitó nuevamente la reactivación del proceso y la reliquidación del crédito, que ya ascendía a $2.073 millones. Con la llegada de la administración de Carlos Mario Marín, el nuevo gerente del hospital buscó llegar a un acuerdo. Después de varias reuniones, se firmó un nuevo acuerdo de pago por $1.950 millones. Incumplieron nuevamente, aunque finalmente abonaron $1.093 millones. En esa misma administración hubo un último esfuerzo por generar un nuevo acuerdo; por eso, giraron un anticipo de $100 millones, pero esa iniciativa finalmente no se concretó.

Después de que las administraciones habían cancelado $1.693 millones, la cuenta ajustada en 2021 aún tenía un valor por pagar de $1.272 millones.

Por último, a 30 de septiembre de 2025, se estima que el monto de la obligación es de $2.204 millones. Al parecer, la empresa Ascolser, que suministró los recursos para liquidar Cooservigensa y por esa acción recibió el endoso de la deuda, está pasando por una muy compleja situación financiera que la puede llevar a liquidación. De manera que el no pago de la obligación, que el Hospital San Isidro no ha realizado en 10 años, podría terminar sumando, a los puestos de trabajo perdidos en Cooservigensa, los de la empresa que le dio la mano para poder liquidar sus obligaciones.

Los intereses acumulados y no atendidos se constituyen en un detrimento patrimonial grave para el hospital y, por ende, para el patrimonio público de Manizales (adjuntamos los conceptos jurídicos que explican este tema). Cada día que esos valores no son pagados y se capitalizan, la deuda se agranda de manera exponencial, erosionando los recursos que podrían destinarse a inversión en salud, infraestructura u otros servicios esenciales para la ciudadanía.

AGR-Concepto 110.010.2018 (pago de intereses moratorios) 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489)

Esta situación no es un mero desfase financiero; es una pérdida real de valor público, pues los recursos comprometidos por fallos judiciales exigibles presionan el presupuesto hospitalario y requieren de transferencias adicionales que pagaremos todos los manizaleños, reduciendo la capacidad de la administración local para atender otras necesidades. De este modo, los intereses crecientes actúan como una carga financiera oculta que termina comprometiendo el patrimonio público en su conjunto, en tanto obliga a desviar recursos de otras funciones esenciales para honrar obligaciones judiciales que no fueron gestionadas con la diligencia debida.

Aunque el Hospital San Isidro sea una entidad descentralizada, el municipio no puede evadir responsabilidad en su gobernanza: la ciudad forma parte de su junta directiva, y esa participación le confiere deberes de vigilancia y corresponsabilidad en su buen desempeño. En Colombia, el Decreto Ley 128 de 1976 regula el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de entidades descentralizadas, subrayando que quienes integran esos órganos tienen obligaciones especiales frente a la entidad a la que sirven.

Adicionalmente, según el Decreto 883 de 2015, las juntas directivas son órganos de superior dirección y administración de esas entidades, lo que implica una función de control estratégico sobre su gestión. Por lo tanto, no es válido alegar que las deudas e intereses que se propagan son responsabilidad exclusiva de la entidad hospitalaria: el municipio comparte la carga de supervisión y debe asumir su rol institucional en la prevención del deterioro patrimonial.

Este problema no es coyuntural ni reciente: pese a que la crisis del sector salud en Colombia es reconocida como crítica, el origen de esta deuda con intereses se remonta a administraciones municipales anteriores que no la atendieron con la seriedad y urgencia requeridas. Cuatro gobiernos municipales han sido ineficaces en la atención de esta situación: al no supervisar, no exigir planes de pago rigurosos y no intervenir con decisión, permitieron que el pasivo creciera. El resultado es una deuda que lleva más de una década gestándose sin que haya habido una solución definitiva.

En esta administración este tema se trató en una sesión del Concejo Municipal, que dio como resultado el compromiso de que la gerente del hospital convocaría a una mesa de trabajo con varios actores para arreglar el problema; sin embargo, nunca se concretó la invitación.

Desde la Alcaldía se han buscado espacios para lograr un acuerdo, sin embargo, los intereses causados son el centro de una controversia que parece muy difícil de resolver. La administración busca llegar a un acuerdo que proteja al máximo las comprometidas finanzas del Hospital San Isidro, y los acreedores buscan recibir el pago de unos intereses que reiteradamente les ha reconocido el sistema judicial.

 

Anotaciónes:

1- Los antecedentes se construyeron con base en la información suministrada por Jorge Iván Arias último gerente de la Cooperativa Cooservigensa.

2- La información de las demandas se extrajo del documento presentado por el último gerente de Cooservigensa a la Contraloría Municipal de Manizales para solicitar su accionar en este tema.

3- La Información sobre el valor actual de la deuda fue entregada por Jorge Iván Arias, ultimo gerente de Cooservigensa.

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