A raíz del sismo registrado el 10 de agosto de 2026, la Corporación Cívica de Caldas (CCC) solicitó información a la Gobernación de Caldas sobre las medidas adoptadas para atender la emergencia y que pasaría con los demás proyectos de inversión del departamento que estaban contemplados.
* Informe elaborado con base en la respuesta de la Gobernación de Caldas del 10 de septiembre de 2026 a un derecho de petición presentado por la CCC.
De acuerdo con la respuesta entregada, la Gobernación señala que los proyectos estratégicos previstos para 2026 no han sido cancelados ni suspendidos. Para atender la emergencia y mantener la inversión, la administración departamental proyecta gestionar $292.937 millones mediante diferentes fuentes de financiación, a lo que se suman recursos que ya fueron reorientados dentro del presupuesto.
La Gobernación plantea financiar la recuperación mediante cinco fuentes principales:
- $100.000 millones de un nuevo empréstito, destinados exclusivamente a inversión.
- $116.585 millones correspondientes a excedentes del FONPET del sector Propósito General.
- $56.419 millones de excedentes pensionales del sector educativo.
- $16.933 millones provenientes de giros del FOMAG.
- $3.000 millones que se espera recaudar mediante una eventual amnistía tributaria para el impuesto de vehículos, cuya autorización debe ser gestionada ante el Gobierno Nacional.
En el caso del empréstito, la Gobernación informó que su capacidad máxima de endeudamiento sería de aproximadamente $110.000 millones, por lo que proyecta solicitar un crédito de $100.000 millones. Estos recursos, por su naturaleza, solo pueden destinarse a proyectos de inversión y no al funcionamiento de la administración.
Además de las nuevas fuentes de financiación, la Gobernación realizó una modificación presupuestal por $15.140 millones para atender las necesidades derivadas de la emergencia. De este monto, $8.570 millones corresponden a traslados internos entre dependencias y $6.600 millones a una adición presupuestal.
Los recursos trasladados fueron descontados principalmente de la Secretaría de Desarrollo Económico ($3.738 millones), Servicio de la Deuda ($2.069 millones), Educación ($1.240 millones), Planeación ($648 millones), Secretaría Privada ($436 millones), Cultura ($209 millones), Deporte ($148 millones) y Medio Ambiente ($80 millones).
Estos recursos fueron destinados principalmente a:
- Gestión del Riesgo: $5.490 millones.
- Secretaría de Vivienda: $5.251 millones.
- Salud: $3.000 millones.
- Equipo de Apoyo de Planeación: $648 millones.
- Agricultura: $450 millones.
- Desarrollo Económico: $300 millones.
Una parte de estos recursos correspondió a $2.069 millones del rubro de Servicio de la Deuda, que fueron reorientados para atender la emergencia: $1.221 millones para Gestión del Riesgo y $848 millones para Vivienda. Para atender las obligaciones financieras afectadas por esta modificación presupuestal, la Gobernación informó que solicitó a las entidades bancarias alivios y periodos de gracia para el pago de capital e intereses.
Frente a las entidades descentralizadas del departamento, la Gobernación informó que Inficaldas transferirá $2.000 millones adicionales provenientes de excedentes de la vigencia 2025, recursos que deben ser tramitados ante la Asamblea Departamental.
En el caso de la Industria Licorera de Caldas (ILC), no se contemplan transferencias extraordinarias adicionales. Según la Secretaría de Hacienda, las utilidades y transferencias de la empresa ya hacen parte de las rentas ordinarias incorporadas al presupuesto departamental, por lo que no existiría un excedente adicional disponible.
La Corporación Cívica de Caldas hará seguimiento a los contratos y acciones que se adelanten con los recursos reorientados y proyectados por la Gobernación para atender la emergencia y la reconstrucción tras el sismo. La CCC espera que estos procesos se desarrollen con transparencia y que los contratos, estudios, documentos y avances sean publicados oportunamente en SECOP, de manera que la ciudadanía pueda conocer y hacer seguimiento al uso de estos recursos públicos.
Ahora hablemos de los cambios y las acciones por sectores:
Proyectos de vivienda y agua potable
La Secretaría de Vivienda y Territorio informó que no se identificaron daños asociados al sismo en los proyectos de vivienda ejecutados por la Gobernación ni en las obras de agua potable y saneamiento que se encontraban en desarrollo. Entre estos se encuentran proyectos recientemente terminados o en ejecución, como el acueducto multiveredal de Neira, cuya primera fase ya concluyó, además de las obras de optimización de los sistemas de alcantarillado en Floresta y Miramar, en Aranzazu; el tanque de almacenamiento de Bolivia, en Pensilvania, y las obras de acueducto y alcantarillado en San Juan, Marmato.
De acuerdo con la Gobernación, las verificaciones técnicas realizadas no evidenciaron afectaciones estructurales en estas obras, por lo que no fue necesario activar garantías ni iniciar reclamaciones frente a contratistas, fabricantes, proveedores o interventores. La Secretaría señaló además que continuará con el seguimiento técnico de los proyectos mientras avanzan las obras de recuperación y atención de la emergencia.
Al no haberse identificado daños atribuibles al sismo en estas obras, la Secretaría señaló que no ha sido necesario activar pólizas ni iniciar reclamaciones contractuales frente a contratistas, proveedores o interventores.
La dependencia también recibió cerca de $5.251 millones de recursos reorientados para atender las necesidades de vivienda derivadas de la emergencia.
Educación e infraestructura escolar:
En el sector educativo, la Secretaría de Educación trasladó $1.240,4 millones a Gestión del Riesgo para atender la emergencia. De este monto, $610,4 millones corresponden a rendimientos financieros del Sistema General de Participaciones (SGP) y quedaron con destinación específica para la reconstrucción de las instituciones educativas afectadas por el sismo.
Además, el plan de recuperación contempla $73.352 millones relacionados con el sector educativo: $56.419 millones de excedentes pensionales del FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) y $16.933 millones de giros del FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio). La Gobernación deberá definir cómo incorporar estos recursos y qué proyectos podrán financiar. Para ello, la Secretaría de Educación elevó una consulta al Ministerio de Hacienda para determinar si, en el marco de la emergencia, podrán utilizarse en otros rubros de inversión para la reconstrucción, además de Educación, Salud y Agua Potable, como establece el Decreto 1082 de 2015.
Frente a los proyectos previstos antes del sismo, se mantienen $2.500 millones de vigencias futuras para mejorar la infraestructura de colegios oficiales y realizar obras de saneamiento básico. De este monto, $2.175 millones ya cuentan con certificado de disponibilidad presupuestal. Según la Secretaría de Hacienda, estos recursos no podrán trasladarse debido a su destinación específica.
Gestión del Riesgo y Salud concentran recursos:
La Jefatura de Gestión del Riesgo recibió $5.490 millones para atender directamente las necesidades generadas por la emergencia. De este monto, $2.820 millones corresponden a una adición de recursos propios y $2.670 millones a traslados provenientes de Educación, Servicio de la Deuda y Cultura.
Estos recursos se suman al presupuesto que ya tenía el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo para 2026, que ascendía a $3.990 millones, de los cuales $1.794 millones ya habían sido ejecutados antes de la modificación presupuestal.
Por su parte, la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) recibió $3.000 millones adicionales para atender las necesidades médicas y de urgencias derivadas del sismo. Según la Gobernación, estos recursos corresponden en su totalidad a una adición presupuestal y no implicaron recortes a otras dependencias.
La Secretaría de Hacienda también informó que la DTSC no tiene previsto ni en trámite un empréstito propio para financiar la recuperación. Frente al pasivo pensional del sector salud, estimado en $2.393 millones, se programó una mesa técnica para revisar las obligaciones y determinar su alcance.
Planeación de proyectos para la reconstrucción:
La Secretaría de Planeación recibió $648,5 millones para fortalecer el Equipo de Apoyo de Planeación, encargado de formular y estructurar los proyectos que podrían ejecutarse durante la etapa de reconstrucción.
Además, esta dependencia tendrá un papel en la identificación de nuevas fuentes de financiación, entre ellas recursos del Sistema General de Regalías y alternativas como Obras por Impuestos, mediante las cuales el sector privado puede participar en la financiación de infraestructura pública.
Obras deportivas:
En materia deportiva, la Gobernación informó que el Centro Internacional de Aguas Abiertas (CIIA), en Chinchiná, no presentó daños estructurales. Solo se reportaron fisuras leves en elementos no estructurales y puntos de dilatación, que fueron remitidas a la Oficina de Bienes para su atención.
También continúan proyectos deportivos en Pensilvania, Pácora y La Dorada, entre ellos la restauración de la cancha sintética del coliseo de Pensilvania, la adecuación de canchas en el polideportivo de Pácora y la construcción de una cubierta para la placa polideportiva de Guarinocito.
En estos casos, los municipios son los encargados de contratar y ejecutar las obras, mediante convenios interadministrativos con la Gobernación. Los cronogramas continuaron después del sismo: el proyecto de Pácora inició el 18 de agosto y el de La Dorada el 25 de agosto de 2026.
Agricultura y Desarrollo Económico:
La Gobernación destinó $450 millones para el sector agropecuario y $300 millones para la reactivación económica, con el propósito de atender necesidades derivadas de la emergencia y apoyar la recuperación de las zonas afectadas.
En el caso de Desarrollo Económico, estos $300 millones contrastan con los $3.738 millones que la dependencia aportó mediante traslados presupuestales para financiar principalmente las necesidades del sector vivienda.