Alerta por participación política de funcionarios de Caldas

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La Corporación Cívica de Caldas (CCC) alerta a la Procuraduría General de la Nación y a la autoridades públicas en general, con el fin de que se extremen las medidas para evitar que los funcionarios públicos y contratistas de la región participen en actividades proselitistas y también para que, en caso de haber mérito, se impongan las sanciones que correspondan.

Esta alerta se hace necesaria después de que el pasado 25 de febrero, el portal web Tintiando diera a conocer unas fotografías en las que al parecer puede verse a Gerson Bermont, director de la Territorial de Salud de Caldas, a Luis Eduardo Céspedes, director del Hospital San Félix, a Nohora Beatriz Peláez, funcionaria de Corpocaldas, y a William Oliveros, coordinador del Fondo Nacional del Ahorro, en una manifestación política en La Dorada a favor de los candidatos Juan Felipe Lemos y Óscar Tulio Lizcano, del Partido de la U. Esas fotografía fueron reseñadas también por la cadena radial de Radio Nacional.

La CCC rechaza este comportamiento de los funcionarios, en la medida en que ponen en riesgo el cumplimiento legal de sus funciones y la imparcialidad que deben mantener frente a cualquier actividad proselitista. En este sentido, le solicita a la Procuraduría para que inicie las respectivas investigaciones, con el fin de que esclarezca la veracidad de los hechos y determine si existe lugar a sanciones. En el criterio de la CCC, la prohibición debe ser observada por los funcionarios de la manera más amplia posible, sin dejar lugar a interpretaciones o situaciones confusas que pongan en duda la imparcialidad que debe mantenerse dentro de la moralidad pública de todo servidor. En este caso, participar de una manifestación pública donde se están promoviendo candidatos, por más que no la hayan organizado, por más que no estén vistiendo distintivos propios de la campaña, por más que lo estén desarrollando en horarios extralaborales, es un hecho grave que habla de unos funcionarios que no tienen ninguna obligación de estar allí y que podrían estar usando para otros fines los recursos públicos de los que han sido provistos o que podrían estar poniendo su investidura al servicio de la campaña electoral. Sin embargo, será la Procuraduría General quien defina la situación.

La CCC quiere recordar que, según la Constitución Política, la participación en política de los funcionarios públicos en general se encuentra supeditada en una ley estatutaria que hasta la fecha no ha sido promulgada. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como la postura de la Procuraduría General, ha sido la de prohibir cualquier tipo de participación proselitista de los funcionarios públicos, incluso de los contratistas. Así quedó ratificado en la Directiva 001 del 28 de febrero de 2017.

La Gobernación y las alcaldías municipales deben poner en marcha todos los mecanismos para que estas situaciones no se sigan presentando y la ciudadanía debe mantenerse alerta para denunciar estas participaciones indebidas. Cuando un funcionario público o un contratista hace parte de actividades proselitistas, se ponen en riesgo tanto los recursos públicos que adminstran como las funciones públicas que deben desarrollar para el servicio de la comunidad o no de campañas políticas.

La CCC pondrán también en conocimiento de la Procuraduría General los hechos y las posturas aquí descritas.

 

 

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