La Corcivicaldas expresa su preocupación por la nueva suspensión del proceso de elección del contralor departamental

Hace unas semanas, se extendió el plazo por cinco días más para presentar las hojas de vida de manera virtual y presencial para dicho cargo; en ese tiempo, una nueva tutela suspende otra vez el proceso, por lo que la Corporación Cívica de Caldas expresa su preocupación, advierte de una posible estrategia dilatoria, e insta a que la elección  se realice de manera transparente y cumpliendo los plazos que se requieren para la seguridad jurídica del control fiscal del departamento.

 

Este próximo martes 20 de octubre, se cumple el tiempo establecido para fallar a esa segunda tutela, por lo que se darán a conocer las implicaciones de la convocatoria, en el sentido de que nuevamente podría tener una ampliación en sus tiempos, o que la elección se dé para el primer periodo de las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, o sea en el 2022. De ser así, el actual contralor tendría que elegir un contralor encargado, extendiendo su tiempo de ejercicio.

 

La CCC hace pública su preocupación, ya que si la lección se llegase a dar durante el 2022, en plena campaña electoral, se podrían generar dudas respecto a  la idoneidad de la elección, pues podría ser influida o viciada por campañas políticas.

 

También, la Asamblea le manifestó a la CCC que este tipo de retrasos no suceden en las asambleas de Risaralda y Quindío, por lo que se sospecha de una estrategia dilatoria, con los intereses que eso conlleva.

 

Para finalizar, la Corporación resalta el rol fundamental de la Contraloría Departamental en la lucha contra la corrupción, pues cumple con funciones de investigación oficial, imposición de planes de mejoramiento, y de sanciones de cierre a las quejas presentadas por actores ciudadanos.

 

Pese a lo anterior, para la CCC, la interinidad que se puede dar en este ente de control no presta las garantías suficientes para considerar que exista una plena legitimidad e independencia en sus funciones,  toda vez que su cabeza responsable se encontraría vinculado por un mecanismo transitorio al previsto en la Constitución y las leyes. Esto deja en entredicho la capacidad y autonomía con la que hoy se está adelantando el control a los recursos públicos, además de las debilidades en la priorización que la institucionalidad política le presta a esta función trascendental en lo fiscal del departamento.

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