El pasado jueves 24 de septiembre, en el Salón del Café de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la Corporación Cívica se reunió con funcionarios de las entidades de control del departamento y del municipio. El objetivo se centró en revisar el estado en el que se encuentran las garantías de los ciudadanos para acceder a los documentos y a la información de las entidades públicas.
Participaron funcionarios de la Contraloría General del municipio de Manizales, de la Contraloría General, de la Personería de Manizales y de la oficina de control interno de la Alcaldía de Manizales. Incluso asistieron Ana Cristina Jaramillo, contralora general del municipio, y Tulia Elena Hernández, personera municipal.
En primer lugar se revisaron los documentos que por la ley 1712 de 2014 deben mantenerse publicados en las páginas web de las entidades: plan de compras, planta de personal, directorio de funcionarios, informes de auditorías, descripción de servicios que prestan, descripción de trámites, entre otros. Se concluyó que el departamento y el municipio han avanzado en esa materia, aunque faltan algunos aspectos por mejorar, como la publicación de información referida a los servicios y trámites, y la publicación de los índices de información pública y reservada.
Se reconoció que este índice de información pública y reservada, que es una obligación de la misma ley, aún no se consolida en todas las entidades porque no se ha determinado un inventario preciso del tipo de información que cada una produce. Y si no se sabe qué información se produce, no se puede definir cuál es de acceso público y cuál debe permanecer bajo reserva. Mantener público este índice garantiza que los ciudadanos conozcan de antemano cuál es el tipo de información que pueden solicitar mendiante peticiones y qué clase de documentos están reservados por razones de intimidad, secreto industrial, orden público, administración de justicia y etodos aquellos motivos descritos en la ley 1712 de 2014.
De paso se reconoció que aún no hay claridad sobre el manejo que debe dársele a las solicitudes de información de los ciudadanos que piden datos que se encuentra bajo reserva. En las entidades no hay un conocimiento de los recursos de reposición e insistencia que incorporó esta ley en el 2014, los cuales complementan los recursos tradicionales de tutela. Finalmente quedó pendiente un estudio más minucioso del Defcreto 103 de 2015, que reglamenta la ley 1712 de 2014, el cual concreta herramientas para las entidades como la publicidad de las tablas de retención y otros.
La Corporación Cívica fue enfática en que una buena publicidad proactiva, garantiza que los ciudadanos estén más enterados sobre temas que hoy todavía solicitan mediante peticiones. Un hecho que demuetra que la transparencia por iniciativa propia de los funcionarios puede generar mayor eficiencia en el trabajo al interior de las entidades.