La Corporación Cívica de Caldas –CCC– ha tenido la oportunidad de conocer el informe reciente de la Misión de Observación Electoral –MOE--, el cual da cuenta de los financiadores de campañas que posteriormente recibieron contratos por parte de los gobiernos locales que patrocinaron. Al respecto, se pudo constatar cuál fue el comportamiento de los gobiernos de Caldas frente a los aportantes privados de sus campañas en 2015.
Vistas las conclusiones, para la CCC llama la atención que la MOE haya identificado a Caldas como una de las regiones donde se contrataron a financiadores de campañas después de las elecciones. Incluso, se afirma, fue una de los departamentos donde se contrataron aportantes privados que donaron por encima del 2%, suma que según el Estatuto Anticorrupción los llevaba a estar inhabilitados para contratar.
Sobre la Gobernación
Según la MOE, una persona natural realizó un aporte a la campaña política del Gobernador de Caldas actual, por un valor total de 25 millones de pesos. Posteriormente, según el mismo informe, de 2016 a 2018 ese donante habría recibido 3 contratos públicos por parte de la Gobernación por un monto de 96 millones de pesos. El valor de los contratos adjudicados, de acuerdo con el informe, equivale a 3,86 veces el dinero donado en campaña.
Resalta la MOE que los contratos habrían sido adjudicados mediante contratación directa y que el donante, al sobrepasar el límite 2% permitido por ley, estaría inhabilitado para contratar.
Sobre las alcaldías del departamento
De acuerdo con el mismo estudio de la MOE, 13 personas naturales realizaron un total de 13 aportes a 6 campañas políticas de candidatos electos en alcaldías del departamento de Caldas. Esa donaciones ascendieron a 118 millones de pesos.
Posteriormente, de 2016 a 2018, estos donantes recibieron 53 contratos públicos de parte de esas alcaldías que financiaron electoralmente. Estos montos ascendieron a 2.401 millones de pesos. El valor de los contratos adjudicados equivale a 20.21 veces el dinero donado en campaña.
Según la MOE, los municipios en los cuales fueron realizados los aportes a campañas políticas a alcaldías fueron: Aguadas, Manizales, Manzanares, Palestina, Riosucio y Supía. En Aguadas y Riosucio el 100% del valor de los contratos posteriores fueron adjudicados mediante contratación directa.
De los 13 donantes, 6 realizaron aportes a 5 campañas políticas que sobrepasaron el límite del 2% establecido por ley, por lo cual posiblemente hayan estado inhabilitadas para contratar.
Posición de la CCC
La MOE ha sido enfática en afirmar que, en su interpretación, estas asignaciones de contratos a financiadores de campañas no necesariamente conllevan un delito o una irregularidad disciplinaria o fiscal.
No obstante, conociendo apenas los datos publicados por esta organización, a la CCC sí le llama la atención que algunos de esos financiadores que habrían donado más del 2% de tope de campaña, y que por lo mismo se encontrarían bajo una causal de inhabilidad para contratar, hubieran terminado contratando con los gobiernos locales. En estos casos, en los que se celebra un contrato con un particular inhabilitado, es necesario que las entidades de control entren a revisar la legalidad de lo actuado y la responsabilidad con la que actuaron los gobiernos elegidos en 2015.
Por otra parte, sobre el resto de financiadores que no aportaron ese 2%, pero que también celebraron contratos, es indispensable confirmar si estos negocios jurídicos se asignaron de manera directa, si esta modalidad era la que correspondía en esos casos o si pudo haberse burlado la obligación de selección objetiva. En este caso podría entrarse a revisar si se siguió la legalidad en el proceso contractual con quienes financiaron campañas.
En el marco de su labor de veeduría, la CCC comenzará a hacer las indagaciones ciudadanas que correspondan, esto con el fin de profundizar los detalles del informe de la MOE y de remitir a las entidades de control que correspondan, en caso de ser necesario.
Aún así, le solicita al Gobernador y a los alcaldes mencionados a que, por cuenta propia, revisen la información de la MOE, transparenten los detalles de los contratos que al parecer recibieron quienes financiaron sus campañas políticas, informen a la ciudadanía y, de llegar a ser pertinente, lleven a cabo las denuncias o correctivos que se requieran.