El pasado lunes 27 de agosto, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales ordenó como medida cautelar la suspensión de la construcción del proyecto de vivienda Tierra Viva, en la zona de La Aurora, en Manizales. Esto como decisión provisional mientras se decide sobre la legalidad de dos licencias de construcción con las que cuenta la constructora Construcciones CFC & Asociados*.
Teniendo en cuenta lo anterior, asumiendo que existen otros procesos judiciales sobre el tema, y revisando los efectos que decisiones de este tipo pueden empezar a perfilar para el municipio, la Corporación Cívica de Caldas (CCC) hace un llamado a Corpocaldas, a la Alcaldía de Manizales y a la Procuraduría General de la Nación en los siguientes términos:
1. Llamado a Corpocaldas y a la Alcaldía de Manizales
La CCC insta a Corpocaldas y a la Alcaldía de Manizales para que asuman con el más alto compromiso sus actuaciones ante esta y otras instancias judiciales que vienen revisando el proyecto de vivienda Tierra Viva, en la zona de La Aurora, en Manizales.
Al ordenar suspender las obras, como medida cautelar mientras se decide de fondo, el auto del Juzgado Octavo Administrativo obliga a analizar los riesgos que las decisiones judiciales sobre este asunto pueden generar en términos de responsabilidad administrativa para el municipio y para la entidad ambiental. Se tratan de decisiones que cuestionan actos administrativos propios de la Alcaldía y de Corpocaldas, los cuales han dado confianza y seguridad jurídica a la constructora para seguir adelante con su inversión. En consecuencia, más allá de la discusión ambiental y urbanística que ocupa a los jueces en este momento, en caso de que estos actos llegaran a ser anulados o desconocidos judicialmente, podrían generarse procesos indemnizatorios a favor de la constructora que afectarían gravemente el presupuesto público.
En esta medida, es ineludible la necesidad de que la Alcaldía y Corpocaldas actúen con los mayores estándares en el cuidado del presupuesto público, bien para asumir una defensa diligente y de calidad de sus actos administrativos ante las entidades que correspondan, bien para presentar estudios, peritajes u otras pruebas que permitan respaldar las decisiones ambientales y urbanísticas tomadas hasta el momento, o bien, en caso de ser necesario, para esclarecer si en realidad se cometieron errores o irregularidades que permitan identificar responsabilidades precisas de los funcionarios que participaron. En cualquier caso, ante el riesgo de ver comprometido el presupuesto público, la CCC considera indispensable que las autoridades asuman un compromiso activo y propositivo en el seguimiento y en las intervenciones ante las instancias judiciales.
2. Llamado a la Procuraduría General de la Nación
La CCC también le solicita a la Procuraduría General de la Nación que active su función de control disciplinario, con el fin de esclarecer de manera definitiva si existieron o no responsabilidades por parte de los funcionarios que adelantaron cada uno los procesos y cada etapa de aprobación del proyecto urbanístico de vivienda.
Si bien la Procuraduría ha considerado intervenir dentro del proceso de acción popular que actualmente estudia el caso de Tierra Viva y La Aurora, la CCC estima que no puede ser pasiva en su función de control disciplinario, la cual podría apuntar a revisar la conducta de los funcionarios, la idoneidad de los actos expedidos y el esclarecimiento del panorama general del caso. La presteza que la Procuraduría parece mostrar en lo que considera una función de protección ambiental, es la misma que se requiere para activar su función de investigar y confirmar si lo aprobado para el proyecto de vivienda se ajusta o no a una función pública acorde con la ley.
*Se le recuerda a la opinión pública que, tal y como se transparenta en nuestra página, Felipe Calderón Uribe, de Construcciones CFC & Asociados, hace parte del grupo de corporados de la CCC. Esta situación no ha influido en la postura que este comunicado presenta.