El pasado domingo, el país vivió una experiencia que marca la historia de la participación ciudadana. Por primera vez, los habitantes de un municipio, Cajamarca (Tolima), decidieron directamente sobre la exploración y la explotación minera en su territorio.
La Corporación Cívica de Caldas (CCC) quiere aprovechar lo sucedido en Cajamarca para hacer dos invitaciones pertinentes para el departamento de Caldas.
En primer lugar, la CCC quiere llamar la atención sobre la situación del municipio de Marmato. Invita a la Gobernación de Caldas y a la Alcaldía de Marmato para que brinden un correcto cumplimiento de las obligaciones de participación y acceso a la información que, según la Corte Constitucional, deben ser garantizados a favor de la comunidad del municipio. En este sentido, como organización civil, la CCC hará un seguimiento del cumplimiento efectivo de estas instancias de participación que han sido ordenadas.
Por otra parte, la CCC invita a que las autoridades departamentales y municipales de Caldas profundicen los espacios pedagógicos sobre mecanismos de participación ciudadana, de tal forma que se difunda la ley 1757 de 2015, sus potencialidades de uso y sus garantías. Esto con el fin de que los y las habitantes de Caldas se consoliden como una ciudadanía activa, participativa, que además reconozca los beneficios de una gestión pública participativa.
La participación ciudadana para Marmato
Lo sucedido en Cajamarca, Tolima, motiva al departamento de Caldas para analizar con más cuidado la situación que viene para el municipio de Marmato. En un fallo reciente, el SU-133 de 2017, la Corte Constitucional constató que la explotación minera concedida a la empresa Gran Colombia Gold en este municipio afectaba el entorno de los y las habitantes, tanto en el plano tradicional y cultural como en el plano económico y de subsistencia. Por eso mismo, sin evaluar la validez de las cesiones mineras en concreto, ordenó “agotar un proceso participativo con la población de Marmato, los mineros tradicionales y los demás actores involucrados en la controversia”, y también “un proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y afrocolombianas de la zona”.
Por otra parte, la Corte obligó a la generación de informes suficientes, veraces e imparciales sobre las medidas que deberán discutirse en dicha participación y consulta previa. Estos deberán dejarse a disposición de los interesados en vínculos de fácil acceso en la página web de la Gobernación de Caldas. Una vez surtido este trámite se podrán citar a las correspondientes audiencias públicas de participación. El Ministerio del Interior será el encargado para la citación de la consulta previa con comunidades indígenas y afro.
En este marco, se ordenó que los intervinientes “deberán concertar nuevos espacios de participación que aseguren la participación efectiva y significativa” para “la adopción de las decisiones relacionadas con la garantía de su derecho a explorar y explotar el recurso minero yacente en la parte alta del cerro El Burro a través de emprendimientos autónomos de pequeña minería que garanticen su subsistencia y que se adecúen a la normativa ambiental, laboral y de seguridad social e industrial aplicable en la materia”.
Finalmente, la Corte abrió la posibilidad de que organizaciones civiles o instituciones académicas acompañen a la población de Marmato. En este sentido, la CCC ofrece sus buenos oficios y su experticia, para exigir el cumplimiento efectivo de los escenarios de participación y de acceso a la información pública.
Profundizar el conocimiento en participación
En segundo lugar, el caso de Cajamarca deja claro que los mecanismos de participación ciudadana pueden alcanzar un lugar protagónico en la gestión local de nuestros municipios y departamentos. Hace falta que los y las caldenses conozcan y se apropien de cada una de las posibilidades que la Constitución y la ley ofrecen para tomar decisiones directas sobre lo colectivo. De otra, parte es esencial que las autoridades departamentales y municipales de Caldas reconozcan que los mecanismos de participación son una oportunidad de fortalecimiento democrático, de discusión pública y de legitimación permanente de la gestión administrativa, y que además respeten las decisiones que surjan de ellos.
La CCC invita para que las autoridades públicas del departamento y las organizaciones civiles profundicen la pedagogía en los mecanismos de participación ciudadana, así como la difusión de la Ley 1757 de 2015. Se debe asumir una labor más especial en los escenarios educativos y formativos de la región, de tal forma que la educación de Caldas tenga un enfoque de democracia y participación. La CCC espera tomar el liderazgo en esta labor y espera que otros se sumen en esta tarea.