El pasado 17 enero, el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales ordenó a la Alcaldía de Pensilvania hacer todas las gestiones para terminar la obra del Hogar del Adulto Mayor, en el corregimiento de San Daniel. La obra se encuentra inconclusa y abandonada desde el año 2011. El juzgado ordenó al municipio la clarificación de su propiedad sobre los terrenos en los que se venía construyendo el Hogar y ordenó que destinara los recursos necesarios para terminar con la segunda fase de construcción.
Esta decisión judicial es el producto de una acción popular que presentó Enrique Arbeláez Mutis contra dicha alcaldía y contra el Departamento de Prosperidad Social, el cual ayudó a financiar la obra en su primera fase.
Para la Corporación Cívica de Caldas (CCC), esta decisión es significativa para la lucha contra la corrupción y contra la ineficiencia administrativa, pues insiste en reconocer que las obras públicas inconclusas afectan derechos colectivos esenciales dentro de nuestra democracia. Para el juzgado no solo se afectó el derecho colectivo a la moralidad pública, sino también los derechos colectivos al goce del espacio público y a la defensa de los bienes de uso público, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. En otras palabras, se aceptó que una obra pública inclusa, además de afectar la correcta administración de lo público, se convierte en un obstáculo para que los ciudadanso disfruten de bienes públicos y en una amenaza que pone en riesgo otros derechos por el mal estado de la edificación.
Por otra parte, esta decisión judicial confirma que las acciones populares son una herramienta eficaz en el control social a la gestión pública, mucho más cuando se usan en defensa del interés colectivo. Esto indica que la región requiere de una ciudadanía mejor formada en el uso de este tipo de acciones constitucionales, una tarea en la cual la CCC viene desarrollando jornadas pedagógicas con ciudadanos de los diferentes territorios de la región.