El seguimiento que la Corporación Cívica de Caldas le viene haciendo al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 o Ley de cuotas en Manizales y Caldas, evidencia que se trata de una tarea pendiente no sólo por parte de los mandatarios sino también de los entes de control encargados de hacer cumplir esta norma.
Tanto la Alcaldía de Manizales como la Gobernación de Caldas tienen 14 secretarías de despacho. En la Alcaldía hay 13 secretarios hombres y solo 1 secretaria mujer. En el caso de la Gobernación hay 2 secretarias mujeres y el resto son hombres.
Teniendo en cuenta que la Ley 581 de 2000 señala que al menos el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio deben estar ocupados por mujeres, la Corporación Cívica de Caldas consultó a la Gobernación, la Alcaldía y los entes de control cómo están cumpliendo la norma. Las respuestas fueron dispares.
Gobernación de Caldas
En el caso de la Gobernación de Caldas, dicha entidad remitió a la CCC un listado en el que señala que los cargos de máximo nivel decisorio son 14, que corresponden a las 14 secretarías. Al consultarse por qué están incumpliendo la norma, el Gobernador de Caldas, Dr. Guido Echeverri Piedrahíta, reconoció por escrito a la CCC que efectivamente no están dando cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Cuotas.
En su respuesta el gobernador señala: “Nos permitimos aclararle que si bien la Gobernación de Caldas no está dando cumplimiento a lo ordenado por la Ley 581 de 2000, ha establecido un plan de acción a adelantar, en razón a que existe algunos cargos de la planta de personal que se encuentran clasificados en el nivel profesional, pero por la naturaleza de sus funciones deben clasificarse en el nivel directivo, como son los cargos de profesional especializado de las Unidades de Control Disciplinario, Gestión del Riesgo, Control Interno, los que por Ley deben estar clasificados en el máximo nivel decisorio y de los cuales 2 están ocupados por mujeres. De igual forma se analiza la reclasificación en el nivel directivo, los cargos de profesionales de las Unidades de Rentas, Presupuesto y Tesorería, que también dada la naturaleza de sus funciones deberían estar clasificados en el máximo nivel”.
Independiente de las acciones que planeen adelantarse, lo cierto es que en la actualidad la Gobernación no está cumpliendo lo relacionado con Ley de Cuotas. Como la misma ley señala que el incumplimiento de la Ley de Cuotas “constituye causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta” la CCC solicitó información sobre las acciones adelantadas a la Procuraduría. La Regional Caldas informó que “con oficio circular No 059 del 19 de enero de 2016, se solicitó a las entidades públicas informe acerca del plan de acción a emprender para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 581 de 2000, con los respectivos soportes. Igualmente, a través de acción preventiva 63420 del 13 de enero de 2016, esta Regional requirió el 19 de enero de 2016, a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Gensa, y al Concejo de Manizales, con el fin de que informaran de que manera dieron cumplimiento a lo estipulado por la Ley 581 de 2000 durante la vigencia de 2013. A la fecha la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Inficaldas, Gensa y el Concejo de Manizales, han dado respuesta tanto al oficio circular como a la acción preventiva. Las respuestas anteriormente enunciadas se encuentran en estudio y a espera de las restantes para definir el procedimiento a seguir”. Sobre el caso concreto de la Gobernación de Caldas aún no se ha obtenido respuesta por parte de la Procuraduría Provincial, pese a que ya pasaron más de 15 días hábiles desde la fecha en la que se remitió el respectivo derecho de petición.
Alcaldía de Manizales
Al igual que la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales también tiene 14 secretarías, de las cuales sólo una está ocupada por una mujer. Por solicitud de la CCC, la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos, remitió un listado en el que aparecen un total de 21 cargos en el máximo nivel decisorio: los 14 secretarios de despacho, 4 jefes de oficina, un director técnico y 2 directores administrativos. De estos 21 cargos 7 aparecen ocupados por mujeres, así que si se acoge dicho criterio para la identificación del personal de máximo nivel decisorio sí se estaría dando cumplimiento al mandato legal.
No obstante, la CCC consultó a la Personería y obtuvo una respuesta distinta que muestra disparidad en los cargos que se consideran de “máximo nivel decisorio”. En oficio remitido el 21 de enero la Personería de Manizales le entregó a la CCC un listado con 41 cargos de máximo nivel decisorio en la Alcaldía, de los cuales 12 son ocupados por mujeres. Teniendo en cuenta que la ley exige un “mínimo de 30%” que para un total de 41 cargos equivaldría a 13 mujeres, la CCC volvió a consultarle a la Personería sobre el aparente incumplimiento de la Ley de Cuotas por parte de la Alcaldía.
La Personería remitió una segunda respuesta el 25 de enero, firmada por la nueva personera Tulia Elena Hernández, quien iba a hacer parte del gabinete municipal. De acuerdo con la personera “en el listado figuraba el señor alcalde de la ciudad, quien es precisamente quien nombra a los funcionarios que ocupan los cargos de máximo nivel decisorio, por eso salvo mejor criterio jurídico el ejecutivo municipal no debe entrar en las cuentas que se hacen sobre el 30%”. Y agrega la personera: “se debe informar que los órganos de control local a nivel de decisión están a cargo de dos mujeres, la Contralora Municipal y la Personera de Manizales”.
Que la Contraloría Municipal, la Personería de Manizales o los órganos de control estén en cabeza de mujeres no guarda relación alguna con el cumplimiento de Ley de Cuotas que corresponde al ejecutivo.
Así mismo la Personería informó que desde 2012 a la fecha solo ha adelantado 3 investigaciones disciplinarias por posible incumplimiento de Ley de Cuotas. Dos contra funcionarios de Infimanizales, que fueron archivados, y una en la Caja de la Vivienda Popular, que por competencia fue remitida a la Procuraduría Regional.
