Durante los últimos años, la Corporación Cívica de Caldas (CCC) ha venido haciendo un llamado permanente por el cumplimiento de la ley cuotas de género en los gobiernos del departamento y sus municipios. Para la CCC, durante algunos periodos como el actual, no ha existido una correcta aplicación normativa respecto de los cargos de máximo nivel decisorio de la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales.
La Ley 581 de 2000 establece que el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio deberán ser desempeñados por mujeres. Igual porcentaje deberá garantizarse en otros niveles decisorios.
En su seguimiento, la CCC ha podido comprobar que los gobiernos han hecho un uso conveniente de esta norma. En unos casos han querido incluir a entidades descentralizadas u oficinas de menor rango en el conteo de cargos de máximo nivel decisorio, en lo cual se ha encontrado que se excluye a mujeres del gabinete de secretarios y secretarias con la excusa de que ya tienen lugar en estos otros.
Otro caso ha sido el de separar el conteo del gabinete de secretarios y secretarias de otros cargos de máximo nivel de las entidades descentralizadas. Así se ha comprobado la participación de ley dentro de los gabinetes, pero se ha visto un incumplimiento de la norma en las cabezas de las demás entidades públicas de la ciudad.
En la medida en que la Ley 581 de 2000 hace énfasis en el cumplimiento de la cuota en cada uno de los diferentes niveles de decisión, para la CCC esta norma admite una interpretación en la que se le cierre el paso a la interpretaciones convenientes. Permite que se garantice una participación del 30% en los diferentes niveles de decisión y en las diferentes naturaleza de las entidades, sin mezclarlas o confundirlas entre sí. Es decir que lo deseable de la ley es que haya una participación del 30% dentro de los gabinetes, un 30% entre las cabezas de las entidades descentralizadas y un 30% entre las oficinas de menor rango.
Se invita a las gobiernos hagan un cumplimiento de ley dentro de cada uno de los niveles de decisión. En la misma medida se le pide a las entidades de control que hagan una interpretación de la ley que, en sus labores de prevención y sanción, se garantice la participación mínima de mujeres en cada nivel de gobierno como lo propone la ley.