La Corporación Cívica de Caldas (CCC) celebra la mediad cautelar que ordenó el Tribunal Administrativo de Caldas para desmontar el cable aéreo a Los Yarumos. Esta decisión se tomó dentro de una acción popular que presentó el ciudadano Enrique Arbeláez Mutis y que coadyuva la CCC, la cual ha tenido como argumento principal el riesgo que hoy presenta la edificación luego de haber sido abandonada a raíz de las fallas técnicas que evidenció a los pocos días de ser inaugurada en 2011.
Esta medida de retirar los elementos que son foco de riesgo para los ciudadanos, especialmente el cable de alto calibre que sigue suspendido en el aire, es una garantía para los derechos de los ciudadanos como el de prevenir desastres técnicamente previsibles, tal y como la señala la Constitución Política de Colombia.
Para la CCC este hecho es un capítulo doloroso y vergonzoso para el municipio de Manizales. Primero, porque es el resultado de una obra mal planeada y mal ejecutada desde el inicio, que no solo ha generado un detrimento patrimonial por nunca haber cumplido con el servicio planteado, sino que además provoca un nuevo gasto de recursos públicis para su desmonte. Segundo, porque es la prueba de actos de corrupción o de negligencia administrativa que aún continúan en impunidad fiscal, disciplinaria y penal, por la cual no se conocen los responsables ni las conductas irregulares que llevaron la situación hasta este punto. Sobre esto último la CCC reitera su llamado a la Contraloría General del República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General para que sean efectivos en sus investigaciones y para que den con los responsables.
Para la decisión de fondo de esta acción popular, que aún está por producirse, la CCC ha pedido que se mantenga abierta la posibilidad de ordenar la terminación de la obra con los replanteamientos que correspondan. Se trata de una obra cuya utilidad no pierde vigencia para la movilidad de la ciudad. No obstante, como lo ha sostenido la CCC en este y otro casos de corrupción, es indispensable conocer con claridad los errores, los delitos o las conductas irregulares para tener la certeza de lo que no se puede repetir en la gestión pública.