La Corporación Cívica de Caldas (CCC) ha presentado una queja ante la Procuraduría General de la Nación contra 14 alcaldes del departamento de Caldas. Esto debido a la presunta violación de la Ley 2013 de 2019 durante todo el año 2020.
El pasado 12 de enero, el periódico La Patria publicó un informe en el que se habla de 14 alcaldes que no hicieron públicas sus declaraciones del impuesto de renta durante el 2020, después de que la ley mencionada los obliga a divulgarla dentro de la plataforma del Sigep que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Los 14 alcaldes que habrían desconocido esta obligación legal serían los siguientes:
- John Alejandro Londoño Medina – Alcalde de Anserma
- Gloria Carmenza Ospina Montes – Alcaldesa de Belalcázar
- William Jairo Noreña Vásquez – Alcalde de Filadelfia
- Jhonatan Manuel Vásquez Duque – Alcalde de La Merced
- Carlos Yesid Castro Marín – Alcalde de Marmato
- José Yonatán Manrique Garzón – Alcalde de Norcasia
- Juan David Grajales Marulanda – Alcalde de Marulanda
- Eduardo Andrés Grisales López – Alcalde de Chinchiná
- César Arturo Alzate Montes – Alcalde de La Dorada
- Juan Carlos Cortés Bermúdez – Alcalde de Risaralda
- Alfredo Ovacid Valencia Dovale – Alcalde de Samaná
- Marlon Alexander Tamayo Bustamante – Alcalde de Riosucio
- Andrés Felipe Aristizábal Parra – Alcalde de Villamaría
- Jhon Mario Giraldo Arrubla – Alcalde de Viterbo
La CCC hizo documentación del caso. Aunque ha identificado que algunos alcaldes hicieron una publicación posterior a la nota del periódico local, considera que debe ser investigada la negligencia que pudo darse durante la anualidad completa de 2020.
No divulgar las declaraciones de renta atenta de manera directa contra una ley vigente, contra el principio transparencia y contra el derecho de acceso a la información pública. Cumplir con este tipo de herramientas hace la diferencia entre un gobierno que se considera transparente y uno que no.
Se trata una divulgación que fortalece el hecho de que la ciudadanía pueda mantenerse informada sobre sus dirigentes. Si bien es información que en principio parece de carácter privado, la ley ha visto que tiene un interés público en la medida en que permite conocer del quehacer privado de los funcionarios durante el tiempo en que administran recursos públicos.
Se ha solicitado a la Procuraduría General que también active sus labores de acompañamiento y prevención para que la totalidad de alcaldes municipales garanticen este derecho de acceso a información que tienen los caldenses en todo el territorio del departamento.