El pasado 27 de septiembre la Corporación Cívica de Caldas (CCC) conoció de la ratificación de las sanciones de destitución e inhabilidad contra Juan Manuel Llano, exalcalde de Manizales, María Elena Gómez Ramírez, exsecretaria de Hacienda, Roberto Arias Aristizábal, exsecretario de Planeación, y Álvaro Vélez Gómez, exgerente de Infi-Manizales. Una decisión que fue tomada por la Procuraduría General de la Nación.
Según esta entidad, los exfuncionarios fueron sancionados por la aprobación que dieron en 2011 a la capitalización de la Empresa de Transporte Integrado de Manizales (TIM), sin contar con estudios que evaluaran los criterios de inversión y viabilidad.
Para la CCC, esta decisión deja un mensaje claro de que el proceso de planeación de las decisiones administrativas es tan importante como las decisiones mismas. Advierte que la ausencia de estudios objetivos, técnicos y transparentes, en la etapa anterior a una decisión compleja, puede ser sancionable cuando termina por afectar la moralidad pública o los recursos públicos. Incluso, según lo evaluó la Procuraduría, esta falta de planeación puede ser considerada una falta grave desde el punto de vista disciplinario.
Por otra parte, la CCC invita a las entidades públicas del municipio, a la ciudadanía, a la academia y a los veedores ciudadanos para que se revisen en detalle los hechos y motivos que llevaron a estas sanciones, con el fin de detectar las falencias y los errores cometidos en el marco de esa decisión sancionada. Esto con el objetivo de determinar con claridad cuáles son las negligencias o acciones que no se pueden repetir al momento de tomar decisiones administrativas similares y con el fin de exigir que no se reincida en ellas.