CCC pide transparencia extraordinaria para una crisis extraordinaria

En medio de la emergencia sanitaria, social y económica que afronta el planeta y la región por la pandemia del virus Covid-19, la Corporación Cívica de Caldas (CCC) pide al gobierno departamental y a los gobiernos municipales de Caldas que extremen sus esfuerzos para garantizar el acceso ciudadano a la información pública, la transparencia de las gestiones de gobierno y la libertad de información de medios de comunicación y demás divulgadores de datos. Se trata de una solicitud para que se alcance una transparencia extraordinaria en la atención de una crisis extraordinaria.

La esencia de esta solicitud es la de garantizar que las y los caldenses tengan la posibilidad de conocer de manera oportuna no solo el estado real de la situación sino la forma como su gobernantes vienen atendiendo la emergencia. La finalidad debe ser que la ciudadanía cuente con los datos públicos suficientes para poder ejercer de manera informada sus demás derechos, así como garantizar la continuidad de su control social en la defensa de los recursos y los intereses de todos.

Para la CCC resulta urgente que en el gobierno de Caldas, de Manizales y de los demás municipios del departamento se fortalezcan aspectos de transparencia y acceso a la información como los siguientes:

    1. Garantizar que los gobiernos municipales y departamental publiquen, de manera permanente, información de interés para la ciudadanía sobre la situación sanitaria, económica y de restricción de derechos. El silencio administrativo o el secreto gubernamental son espacios para que aparezcan la desinformación, el rumor, el pánico y los errores en la toma de decisiones privadas y ciudadanas.
    2. Garantizar que la información que publiquen los gobiernos municipales y departamental se haga en tiempo real y con los mayores niveles de inmediatez. Los gobiernos de Caldas, de Manizales y de algunos municipios cuentan con capacidad suficiente en páginas web y redes sociales, la cual debería volcarse en publicar una información robusta, permanente y en tiempo real. Los municipios que no cuenten con esta capacidad deben procurar cuanto antes una aceleración de sus procesos digitales para alcanzar los mayores estándares de divulgación proactiva en Internet y redes sociales en tiempos de crisis.
    3. Facilitar la información en formatos claros, con un lenguaje accesible y diferencial para las personas. Preferir formatos o sistemas abiertos que puedan ser reutilizados, o incluso piezas gráficas que sean fácilmente replicables por diferentes plataformas y redes. Evitar las fotografías de documentos o los archivos escaneados en .pdf, pues dificultan la ubicación de datos o palabras clave dentro de los archivos.
    4. Enfatizar en la información que sea de interés público sobre la situación o sobre los servicios que vienen prestando las diferentes entidades públicas regionales. No aprovecharse de la situación para hacer propaganda de la imagen institucional o de la imagen del gobernante, pues se trata de información que no corresponde con la urgencia que vivimos, además de que atenta contra el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).
    5. En vista de una mayor utilización de la contratación directa por la urgencia manifiesta, profundizar la divulgación del detalle de estos datos contractuales. Por significar un riesgo mayor frente a la corrupción y la eficiencia administrativa, la contratación directa no deja de acarrear una responsabilidad mayor de los gobiernos al entregar mayor información contractual y dejarse escrutar en más profundidad.
    6. Procurar el acceso y el uso de la Tienda Virtual del Estado --administrada por Colombia Compra Eficiente-- para las compras públicas de los gobiernos locales que ya cuenten con esta capacidad. Privilegiar su uso como canal idóneo para que los gobiernos compren insumos para la emergencia, sobre todo en los casos en que esta plataforma permite ofrecer y adquirir los productos con mayor prontitud. La Tienda Virtual facilita la compra de bienes y servicios que suelen comprarse en la región a través de contratos directos y procesos de mínima cuantía,y por eso mismo permite mitigar la discrecionalidad de las entidades en la selección de los contratistas, así como la especulación de los precios.
    7. Informar sobre reuniones que los gobernantes y funcionarios tengan con actores públicos y privados para atender la situación. No pasar por alto los conflictos de interés, las inhabilidades o incompatibilidades que puedan presentarse en el marco de esta coordinación y colaboración. También divulgar los resultados y decisiones que sean producto de estos encuentros --siempre que no sea información sujeta a reserva, según la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)--. No solo la transparencia de la información es importante, es igual de relevante que se transparente la gestión de los gobernantes y la colaboración que vayan teniendo con actores públicos y privados.
    8. Identificar rápidamente qué información puede estar requiriendo la ciudadanía frente a la crisis y que no está recibiendo de ninguna otra fuente nacional o local. Enfatizar en datos normativos, en detalles de los casos de contagio o descartados, sus causas, sus efectos, o en información de prevención o atención a la ciudadanía que no se han notificado o informado por otros medios.
    9. Igualmente, identificar rumores que se hacen pasar como noticias o como datos verificados, con el fin de desmentirlos y evitar desinformación en la ciudadanía.
    10. Frente a la información que se divulga a través de periodistas y medios de comunicación, los gobiernos deben: (1) garantizar un permanente cubrimiento periodístico, (2) un acceso a la información seguro y en condiciones de salubridad para los trabajadores de los medios, (3) un fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios de la región para alcanzar la cobertura que los privados no alcanzan, (4) permitir la contrastación de información con fuentes no oficiales. Sobre esto, la CCC se adhiere a la exigencia elevada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y por las sugerencias de prevención que ha brindado a los mismos comunicadores. Mayores garantías para los periodistas y medios de comunicación se traduce en una ciudadanía con mayor información pública a su alcance.

Organizaciones globales como Transparencia Internacional, Amnistía Internacional y Civicus le han manifestado al grupo de países del G20 la necesidad de poner en el centro de la crisis el derecho humano y social de acceder a información pública sobre el emergencia, así como la responsabilidad de transparentar la gestión de atención de los gobiernos. La CCC considera que este llamado internacional debe encontrar los canales para ser aplicado de manera local y regional, atendiendo a que son los gobiernos territoriales los primeros llamados a informar y transparentar las realidades más inmediatas de la ciudadanía.

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