La CCC rechaza participación política de servidores públicos en Caldas

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Para la Corporación Cívica de Caldas (CCC) continúa siendo preocupante la participación de servidores públicos en actividades proselitistas. Sumado a las denuncias ciudadanas que se conocieron contra funcionarios públicos en las elecciones al Congreso, los comicios presidenciales también tuvieron denuncias similares. Se trata de una situación ilegal cuya solución sigue pendiente en Caldas y que continúa convirtiéndose en un rasgo lamentable y vergonzoso sobre la forma como se hace campaña en la región.

La CCC (CCC) remitirá a la Procuraduría General de la Nación denuncias sobre la aparente injerencia de contratistas y funcionarios públicos de la Industria Licorera de Caldas, la oficina de Planeación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la subdirección Territorial de Salud, en campañas presidenciales. Se tratan de denuncias ampliamente difundidas por medios de comunicación locales y nacionales. La Procuraduría es la entidad encargada de realizar las respectivas investigaciones, esclarecer la veracidad o no de los hechos y determine si existe lugar a sanciones. Esperamos que como autoridad competente dé plenas garantías en su investigación y sancione en los casos que ameriten, inlcuyendo aquellos que fueron comunicados para la elección de congresistas en marzo. La eficacia de este poder sancionatoria está llamada no solo a castigar a quienes incumplen la ley, sino a romper el ambiente de permisividad que hoy impera en la región.

Las denuncias periodísiticas son las siguientes:

1. La sección de La Silla Paisa del portal web La Silla Vacía, en una publicación del pasado 25 de mayo, informó sobre la presunta participación de varios contratistas de Caldas en la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras; entre ellos se encuentra Jorge Eduardo Cuervo, asesor jurídico interno de la Industria Licorera de Caldas, quien según el portal web “asesora de manera externa temas políticos de elecciones”; Germán Moncada, contratista de la oficina de planeación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, quien informó para el portal que “todos (los contratistas) estamos comprometidos en la campaña”, además de que se tiene evidencia de que envió mensajes de Whatsapp invitando a votar por la el candidato Germán Vargas Lleras; Dayron Arias Jaramillo, contratista de la subdirección de la Territorial de Salud quien impulsa desde sus redes sociales la campaña de Germán Vargas Lleras; caso similar al de Gloria Nancy Figueredo, contratista en la secretaría general de la Contaduría General y quien promueve también desde sus redes sociales, publicidad referida a la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras.

Se trata de una denuncia que implica que el Ministerio Público se pronuncie sobre los términos en los que contratistas pueden participar directamente en campañas políticas, y sobre la manera como todo tipo de funcionario debe manejar sus cuentas privadas en redes sociales. Como no existe ley que regule la manera como los funcionarios públicos y contratistas puede hacer proselitismo, se entiende que existe una prohibición general y extensiva que podría prohibir los comportamientos denunciados, tanto de personal de planta, como de contratistas

2. Asimismo, el portal web Tintiando informó que funcionarios de la Dirección Territorial de Salud de Caldas fueron presionados para comprar bonos para la rifa de un vehículo Spark Life (Ver foto), según información del mismo portal. “A los destinatarios de la rifa se les dice que es obligación comprarla para apoyar la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras”, afirma. Para la CCC resulta preocupante que en la Dirección Territorial de Salud haya una reincidencia en las denuncias cada que acontecen elecciones políticas. Un hecho que debería poner en alerta a las entidades de control para que revisen y esclarescan los hechos.

 

Ante esta información, la CCC reitera su rechazo cualquier tipo de injerencia de funcionarios o contratistas en campañas electorales, conductas proselitistas que están prohibidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por la postura de la Procuraduría General, lo cual está ratificado en la Directiva 001 del 28 de febrero de 2017 y en el Código Único Disciplinario. Esto debido a que tiende cierto manto de duda sobre la imparcialidad que debe tener todo servidor público y porque es un riesgo ante posibles constreñimientos electorales respecto de funcionarios subordinados.

En el portal #PilasConElVoto de la Misión de Observación Electoral, se presentan a hoy 27 de denuncias ciudadanas por delitos electorales, dentro de las cuales se encuentra la participación indebida de servidores  y el constreñimientos a funcionarios y contratistas.

 

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