La CCC le envió un derecho de petición a la Secretaría de Vivienda para saber en qué va el proyecto, pues este es uno de los programas estrella de su plan de desarrollo. En la respuesta recibida la Corporación encontró que el proyecto actualmente presenta serios retrasos en el cronograma de obras, lo cual afectará los plazos de entrega de las viviendas. A pesar de que las obras del Grupo 1 están suspendidas el proyecto sigue generando gastos a la Gobernación por cuenta de los contratos de prestación de servicios (la Fiducia del proyecto ha desembolsado $793.348.116,50). Esto, sumado a los aumentos en los costos de los insumos de construcción, pueden generar sobrecostos en la obra.
Los sobrecostos del proyecto pondrían en riesgo su categorización como vivienda VIP, lo que afectaría el desembolso de los subsidios del programa Mi Casa Ya, del Gobierno Nacional. El proyecto Mil viviendas depende de esos subsidios para su cierre financiero y no existe garantía de que esos recursos se tengan en el mediano plazo, por lo cual existe un alto riesgo para el cierre financiero del proyecto.
Javier Eduardo Torres Martínez, secretario de vivienda de Caldas, le explicó a la CCC que los funcionarios de esa cartera no son suficientes para gestionar un proyecto como el de Mil viviendas. Por esa razón, contrataron a nueve personas para ello. Además, negó a la CCC que dichos contratistas estén desarrollando labores misionales de la Secretaría de Vivienda, pues están contratados, según él, exclusivamente para Mil viviendas.
La CCC encontró cláusulas en contratos que exceden el alcance del fideicomiso. Por ejemplo, en el contrato de un ingeniero civil de ese proyecto se incluyen obligaciones misionales de la Secretaría como: “apoyar al secretario de despacho en la planeación estratégica e impulso de los proyectos asociados a la Secretaría de Vivienda y Territorio del Departamento de Caldas”.
En otro contrato, también de un ingeniero civil, se incluyen obligaciones de carácter general como: «apoyo a la gestión, formulación, elaboración y seguimiento de proyectos de construcción de vivienda, mejoramiento de vivienda y demás tipos de proyectos resultantes en la Secretaría de Vivienda y Territorio».
Otro ejemplo es un contrato de prestación de servicios profesionales para el cargo de gerente en la gestión estratégica de proyectos en el cual se incluye la obligación de: “apoyo al desarrollo de una visión estratégica de la Secretaría de Vivienda de la Gobernación de Caldas, precisando hacia dónde se dirige.”
La CCC solicita a los entes de control que revisen estos contratos, ya que la contratación a través de un fideicomiso debe estar en consonancia con el propósito específico para el cual se creó, en este caso para el proyecto de vivienda, y no debe utilizarse para llevar a cabo procesos contractuales que deben ser realizados directamente por la entidad.
La Corcivicaldas solicitará a la Contraloría General de la República un control fiscal concomitante y preventivo para el proyecto Mil Viviendas ante los riesgos en su ejecución. Esto significa que el control se lleve a cabo de manera preventiva, permanente y en tiempo real, en lugar de realizarse de manera posterior, una vez ejecutados los recursos.
Torres Martínez le aseguró a la CCC que no porque haya cambio de gobierno se va a dejar de ejecutar el proyecto, pues según él, está contratado todo. Señaló que en el caso hipotético de que no se construyeran las casas se devuelve el dinero y los intereses a cada municipio.
Por último, la CCC hace un llamado tanto al gobierno departamental como al nacional para que se busquen los recursos que garanticen la ejecución del proyecto pues están en juego los sueños y expectativas de caldenses que necesitan un techo dónde vivir dignamente. Torres Martínez aseguró que desde el Ministerio de Vivienda se comprometieron a reemplazar la fuente de los recursos que hacen falta para el proyecto. La CCC estará vigilante de la nueva fuente de esa financiación.