En la edición del pasado martes 13 de diciembre, el periódico La Patria publicó entre la página 4 y 6, una pieza de publicidad oficial de la Alcaldía de Manizales, la cual asegura que en la capital de Caldas se invierte $1 billón en obras públicas. Hoy, el secretario de Planeación, Daniel Quiceno, le aseguró a los periodistas de El Matutino de UM FM 101.2, que cerca de $550 mil millones de dicho billón, representan los recursos que la Nación se comprometió a dar para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), sin embargo, estos no han sido aportados oficialmente.
“Yo creo que ha sido una información que ha estado poco clara, debería haberse manifestado en otro sentido, pero sin embargo los compromisos y las acciones y compromisos que ha desplegado la Alcaldía Municipal en torno a este aspecto (SITP) pudieron haberse desarrollado de otra manera, es decir, referir los 500 mil millones que se han generado aproximadamente en obra pública, y establecer que el otro recurso corresponde al SITP que se espera (…)”, dijo Quiceno al aire.
Esta preocupación se suma al llamado que realizó la Corcivicaldas iniciando noviembre, cuando le pidió a esta administración asumir la responsabilidad, para recuperar la confianza institucional después del caso de Liberland, por lo que se hace necesario y urgente comunicar información oficial certera y con rigor, cumpliendo con los fines de servicio de la publicidad oficial, según la sentencia T-722 de 2003[1], y más si esta pieza también tuvo rotación en medios nacionales.
También, la Corcivicaldas reitera el llamado a la cartera de Quiceno y a la Secretaría de Movilidad, a fin de dar a conocer los avances sobre el SITP, teniendo en cuenta el anuncio oficial de que el documento CONPES se expediría previo a finalizar el 2022.
Contrato por $1.135 millones para comunicaciones
Actualmente, la Alcaldía de Manizales tiene un contrato con Universal Group Agencia de Comunicaciones S.A.S., de la ciudad de Bogotá, para la implementación de medios, con enfoque en la estrategia de comunicación de recaudo y cultura de pago, y demás actividades de divulgación.
En dicho contrato, que tiene acta de inicio del 15 de septiembre de 2022, y va hasta el 31 de enero de 2022 o hasta que se agoten los recursos, puede verse que muchos de los contenidos a divulgar tienen un alcance en medios regionales y nacionales. Además de una obligación de no utilizar las actividades del contrato con fines proselitistas.
[1] “El impulso de políticas, el fomento de valores, la información del ciudadano sobre sus derechos y obligaciones, y para el ofrecimiento de servicios inherentes al ejercicio de sus funciones, entre otros fines”: https://bit.ly/3HJFjVA