Dentro de las labores de veeduría ciudadana orientadas a liderar la defensa del interés colectivo de Manizales y Caldas que adelanta la Corporación Cívica de Caldas, esta entidad consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio el estado de las investigaciones administrativas abiertas a raíz de los hechos denunciados por esta ONG y el diario La Patria en 2010, sobre relaciones vinculantes entre contratistas e interventores de los terraplenes 8, 9 y 10. Al respecto la coordinadora del Grupo Interdisciplinario de Colusiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, Marielena Rozo Covaleda, le informó a la CCC que ya finalizó la etapa probatoria y practicó la audiencia única de argumentación verbal. El proceso se encuentra pendiente de decisión de fondo.
En su oficio del pasado 12 de mayo la Superintendencia señala que con base en las denuncias formuladas en su momento por la CCC y La Patria “el Delegado para la Protección de la Competencia, mediante la Resolución No. 20396 del 30 de marzo de 2012, formuló pliego de cargos y ordenó abrir la investigación identificada con el radicado No. 11-12476, para determinar si Diconsultoría S.A., Ingeniería, Tecnología y Desarrollo IDT Ltda (Hoy Ingeniería, Tecnología y Desarrollo IDT S.A.S.), Castro Flórez y Cía S en C, CDC Ingeniería Ltda, Jaime Alberto Llano García y Edgar Alonso Castro Lizarralde, como agentes del mercado, incurrieron en prácticas restrictivas de la libre competencia”.
Agrega que “igualmente se formuló pliego de cargos y se ordenó abrir investigación a Rodrigo López Arana, en su calidad de representante legal para la época de los hechos de Diconsultoría S.A., Oscar Alberto Majón Almeida, en su calidad de representante legal para le época de los hechos de Ingeniería, Tecnología y Desarrollo IDT, Edgar Alonso Castro Lizarralde, en su calidad de representante legal para la época de los hechos de Castro Flórez y Cia S. en C, y de los Consorcios Palestina 8 y 10, Luis Manuel Castro Lizarralde, en su calidad de representante legal para la época de los hechos de CDC Ingeniería Ltda y Jaime Alberto Llano García, en su calidad de representante legal para la época de los hechos de los Consorcios DICO-IDT y DICO-IDT2”.
Las empresas mencionadas están siendo investigadas por posible violación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 que prohíbe “toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos”. Así mismo investiga la posible violación del numeral 9 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992, de acuerdo con el cual se consideran contrarios a la libre competencia los acuerdos “que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas”.
Por su parte, las personas naturales investigadas en su calidad de representantes legales de las mencionadas empresas, de ser halladas responsables de colaborar, facilitar, autorizar, ejecutar o tolerar conductas violatorias de las normas sobre protección de la competen podrían ser sancionadas con multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes, en virtud de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.
En agosto de 2010 la Corporación Cívica de Caldas denunció que “La construcción del Terraplen 9 fue adjudicada al Consorcio Palestina en febrero 27 de 2009 y la interventoría de la obra al Consorcio CDC-CF en marzo 3 de 2009. Según los certificados de la Cámara de Comercio el Contratista de Obra Consorcio Palestina y el Interventor Consorcio CDC-CF tienen la misma dirección, Calle 68 no 28-29. A enero 23 de 2009 los ingenieros Carlos Eduardo Quiroga Zapata, Representante Legal del Consorcio Palestina y Edcar Castro Lizarralde, Representante Legal del Consorcio CDC-CF, eran socios de la firma Lavicon Ltda, cuya dirección indicada en el certificado, Calle 68 no 28-29, es la misma de los Consorcios Palestina y CDC-CF”.
Adicionalmente la Corporación Cívica de Caldas denunció que “mediante escritura pública No.281 de enero 28 de 2009 de la Notaría Cuarta, dos días después del cierre de la licitación para la construcción del Terraplén 9, el ingeniero Carlos Eduardo Quiroga vende su participación en Lavicón Ltda, 45% al inteniero Jaime Alberto García. En este orden de ideas, Lavicon Ltda queda conformada por el ing. Edgar Castro Lizarralde, 55% y el ingeniero Jaime Alberto Llano García 45%”.
“Así mismo, existe una relación comercial y societaria entre el coordinador de las interventorías de los terraplenes 8, 9 y 10 y representante legal de la interventoría del terraplén 9, Ing. Edgar Castro L, con el representante legal del consorcio interventor de los terraplenes 8 y 10 Ing. Jaime Alberto Llano García, quienes a su vez están consorciados para la interventoría de la construcción del Coliseo de Palestina”.
Por lo anterior, la Corporación Cívica de Caldas espera que transcurridos cuatro años desde la formulación de pliego de cargos y apertura de investigación contra las empresas y personas mencionadas, la Superintendencia de Industria y Comercio tome prontamente una decisión de fondo que permita dar claridad a la opinión pública sobre lo que ocurrió en Aerocafé entre los años 2009 y 2010 y le permita al proyecto despejar las dudas e incertidumbres que han dificultado su avance.
