La Corporación Cívica de Caldas comparte con la ciudadanía este balance sobre dos decisiones que se están tramitando en el Concejo Municipal de Manizales y que resultan determinantes para la recuperación de la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto. Se trata de dos proyectos de acuerdo presentados por la Alcaldía: uno que autoriza al alcalde a contratar un crédito público por $220.000 millones de pesos, y otro que incorpora al presupuesto municipal de este año los primeros recursos derivados de esa operación. Ambos ya tuvieron su primer debate en la Comisión Segunda del Concejo, el tema nos parece particularmente importante porque de estas decisiones depende no solo la atención, contención de la emergencia y reconstrucción y reactivación de la ciudad, sino también su capacidad financiera futura.
Antes de entrar en el detalle de cada proyecto, vale la pena aclarar el estado actual del trámite: a la fecha de este comunicado ninguno de los proyectos ha surtido segundo debate. Lo que sí es un hecho, porque consta en las ponencias oficiales, es que las dos propuestas fueron aprobadas por unanimidad en su primer debate ante la Comisión Segunda, y que los ponentes rindieron concepto positivo para que continúen su trámite en la plenaria.
Una ciudad que responde mientras cuenta sus pérdidas
El 10 de agosto de 2026 Manizales fue sacudida por un sismo de magnitud 7.4 que dejó afectaciones considerables en viviendas, infraestructura pública, equipamientos colectivos y comercios en distintos sectores de la ciudad. Hoy, 21 de agosto de 2026, fecha en que se escribe este comunicado, todavía no hay cifras consolidades que cuantifiquen de manera definitiva las pérdidas, aunque el impacto devastador de los hechos es evidentemente enorme.
Ante esta situación, la Alcaldía decretó la calamidad pública y la urgencia manifiesta en el municipio, y días después el Gobierno Nacional declaró, mediante el Decreto 1171 de 2026, la situación de desastre de carácter nacional para Caldas y otros diez departamentos afectados por el mismo evento. Con ese marco jurídico, el alcalde convocó al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias entre el 17 y el 23 de agosto, precisamente para tramitar, entre otros temas, la autorización del crédito y las modificaciones presupuestales necesarias para financiar la atención de la emergencia.
Dos herramientas para un mismo propósito
Conviene entender desde ya que los dos proyectos de acuerdo no compiten entre sí, sino que se complementan. El Proyecto de Acuerdo N.° 090 es el que abre la puerta: autoriza al alcalde a endeudar al municipio hasta por $220.000 millones. El Proyecto de Acuerdo N.° 091, en cambio, es el que empieza a poner en marcha esa autorización, incorporando al presupuesto de la vigencia 2026 la primera parte de esos recursos. Los ponentes de ambas iniciativas coincidieron en explicar, de entrada, algo que resulta clave para la tranquilidad de los manizaleños: autorizar un cupo de endeudamiento de $220.000 millones no significa que el municipio vaya a desembolsar, incorporar o gastar esa suma completa de una sola vez durante este año.
El Proyecto de Acuerdo 090: la autorización del crédito
En su versión original, tal como la radicó la Alcaldía, el proyecto autorizaba al alcalde a contratar un empréstito hasta por $220.000 millones de pesos, por un término de hasta seis meses, con el propósito de financiar las acciones necesarias para atender la post calamidad, la rehabilitación y la reconstrucción de la ciudad, y para ejecutar el Plan de Acción Específico que se estructuró para la emergencia. El texto inicial contemplaba un único parágrafo, que facultaba al alcalde para suscribir las garantías necesarias para desarrollar esa autorización.
Los ajustes que salieron de la Comisión Segunda
Al revisar el proyecto, los concejales ponentes de la Comisión Segunda —Héctor Fabio Delgado Londoño, Hernando Marín García y Luis Gonzalo Valencia González— identificaron algunos vacíos que consideraron necesario precisar antes de recomendar su aprobación, y sugirieron modificaciones que la Administración acogió. El cambio más notorio tiene que ver con los plazos: el texto original solo hablaba de un término de seis meses para contratar el crédito, sin fijar en cuánto tiempo debería pagarse. La versión ajustada separa con claridad las dos cosas: mantiene los seis meses como el plazo que tiene el alcalde para formalizar la operación, contados desde la sanción y publicación del acuerdo, y añade explícitamente que el empréstito podrá pagarse en un plazo de hasta quince años.
El segundo cambio amplía el uso que se le puede dar a los recursos. Mientras el texto original hablaba en términos generales de rehabilitación y reconstrucción, la versión modificada incorpora expresamente la posibilidad de otorgar subsidios y auxilios directos a la población afectada, a los comerciantes, a los empresarios y a los industriales, y suma los componentes social e industrial al listado de aspectos que se busca reconstruir.
El tercer cambio, quizás el más relevante desde la perspectiva del control ciudadano, es que el único parágrafo del texto original se convirtió en cuatro. Se mantuvo la facultad de suscribir garantías, ahora precisadas como garantías bancarias, pero se agregaron tres disposiciones nuevas: una que obliga al alcalde a reglamentar mediante acto administrativo la forma en que se otorgarán los subsidios y auxilios, señalando destinatarios, condiciones y mecanismos de seguimiento; otra que permite prepagar la deuda con recursos que lleguen de la Nación o de otras fuentes, siempre que no tengan una destinación específica distinta; y una tercera que obliga a la Administración a presentar informes semestrales al Concejo sobre los desembolsos realizados y los avances en la reconstrucción.
Lo que se discutió en comisión
La sesión de la Comisión Segunda del 19 de agosto, realizada en las instalaciones de Infimanizales, dejó ver que la aprobación no fue un simple trámite formal, sino el resultado de un debate riguroso en el que distintos concejales plantearon preocupaciones legítimas. Una de las primeras preguntas giró en torno a por qué el municipio no financia la reconstrucción reasignando recursos de créditos anteriores en lugar de endeudarse de nuevo. La respuesta de la Administración fue que buena parte de esos recursos ya están comprometidos jurídicamente con contratistas que adquirieron derechos al ser adjudicados —el caso de la avenida Kevin Ángel y el de la modernización de la Galería (aunque este último cuenta con un convenio interadministrativo con Infimanizales, que es una entidad del Municipio con la que se podría dialogar, al parecer este ya habría subcontratado parte de los recursos, y que además, cuenta con un fallo judicial de por medio), y que intentar reversarlos expondría al municipio a demandas millonarias por incumplimiento contractual.
También se abordó el papel del Gobierno Nacional. Los ponentes explicaron que, más allá de algunas ayudas humanitarias, hasta el momento no han llegado recursos económicos concretos de la Nación, y que el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales no cuenta con excedentes disponibles para el municipio. Sobre la salud financiera de la operación, la Secretaría de Hacienda presentó los indicadores de solvencia y sostenibilidad que exige la ley para este tipo de créditos: el primero, que mide la capacidad de pagar los intereses con el ahorro operacional, se mantendría por debajo del límite legal del 60 %, alcanzando su punto más alto en 2028 con 25,01 %; el segundo, que mide el peso de toda la deuda frente a los ingresos del municipio, llegaría en ese mismo año a 95,99 %, muy cerca del límite legal del 100 %, para luego descender de forma sostenida en los años siguientes. Estas cifras muestran que la operación es legalmente viable, aunque con un margen de maniobra estrecho durante 2027 y 2028.
Varios concejales expresaron inquietud por los traslados presupuestales que la Administración tuvo que hacer para atender la emergencia en los primeros días, que afectaron temporalmente programas sociales como la Oficina de Discapacidad o el programa de atención a la infancia «Niños de Buenas Noches». La Administración explicó que esos recursos se restituirán mediante alianzas con el sector solidario y que la afectación fue transitoria. También se plantearon dudas sobre la falta de un desglose más preciso de cuánto se destinará a cada uno de los componentes del crédito —demoliciones, mejoramientos de vivienda, subsidios de vivienda nueva y auxilios para comerciantes—, algo que la Secretaría de Hacienda respondió señalando que el censo de daños sigue actualizándose a diario y que fijar porcentajes rígidos en esta etapa podría ser contraproducente. Como resultado de esta discusión, varios concejales insistieron en la necesidad de crear una comisión accidental de seguimiento permanente y de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, algunas de cuyas propuestas fueron incorporadas al articulado y otras quedaron para ser retomadas en la plenaria.
Al cierre de la sesión, la ponencia y el articulado con las modificaciones fueron aprobados por unanimidad, y el proyecto quedó habilitado para su segundo debate ante la plenaria del Concejo.
El Proyecto de Acuerdo 091: los primeros recursos al presupuesto de 2026
El segundo proyecto tiene un propósito más específico: modificar el presupuesto general de rentas y gastos del municipio para la vigencia 2026, adicionando $100.000 millones de pesos que se destinarán en su totalidad a la línea de Gestión del Riesgo. Se trata, en la práctica, de la primera porción del cupo de endeudamiento autorizado por el Proyecto de Acuerdo 090. Los ponentes —Víctor Alfonso Caicedo Espinosa, Daniel Eduardo Arboleda Vásquez y Juan Sebastián Giraldo Gutiérrez— explicaron que la Alcaldía decidió incorporar el crédito de manera gradual y no de una sola vez, precisamente para no comprometer innecesariamente los indicadores financieros del municipio: de los $220.000 millones autorizados, $100.000 millones se incorporarán durante 2026 para atender las necesidades más urgentes e inmediatas de la emergencia, mientras que los $120.000 millones restantes quedan programados para 2027, a medida que avancen los proyectos y se necesiten los recursos.
A diferencia del proyecto anterior, este no generó observaciones de fondo por parte de los concejales. Según consta en la ponencia para segundo debate, al concluir la presentación de los ponentes no hubo concejales inscritos para intervenir, «ante la claridad de esta iniciativa», por lo que se sometió directamente a votación y fue aprobado por unanimidad, junto con su título y preámbulo, en la misma sesión en la que se discutió el proyecto 090.
Lo que explicó la Alcaldía en la socialización previa
Un día antes del primer debate, el 18 de agosto, la Administración socializó ante los concejales el contenido de ambas iniciativas y aportó información adicional que resulta útil para entender el contexto completo de la decisión. Se explicó, por ejemplo, que los $220.000 millones no corresponden todavía a una estimación definitiva del costo total de la reconstrucción de Manizales, sino al monto máximo que el municipio puede endeudarse sin comprometer la estabilidad de sus finanzas, de acuerdo con las modelaciones de la Secretaría de Hacienda.
Bajo este cálculo, sumando el saldo de la deuda actual del municipio —cercano a $204.000 millones—, un empréstito previamente aprobado por $179.000 millones y el nuevo crédito de $220.000 millones, el endeudamiento total del municipio ascendería a cerca de $603.000 millones, cifra que la Administración presentó dentro de los límites legales, aunque reconociendo que 2027 y 2028 serán los años de mayor presión financiera.
También se informó que, antes de acudir al crédito, el municipio ya había trasladado $14.000 millones de su presupuesto ordinario hacia la gestión del riesgo para atender la emergencia en sus primeros días, y que una parte importante de esos recursos no se ha tenido que ejecutar todavía gracias a las donaciones recibidas en tiempo de trabajo, maquinaria, combustible, alimentos y materiales. Entre los gastos previstos con esa bolsa se mencionaron un contrato con la Cruz Roja por $360 millones, $700 millones para alimentación, $100 millones para combustible, $30 millones para materiales y $17 millones para el desmonte de piezas en riesgo de las iglesias Catedral e Inmaculada, recursos que en su mayoría permanecían sin ejecutar al momento de la socialización, precisamente por el apoyo solidario recibido.
Sobre el uso de los nuevos recursos, la Administración fue clara en que el municipio no asumirá la construcción directa de las viviendas afectadas, sino que el Plan de Acción Específico contempla principalmente auxilios para que los propietarios adelanten sus propias obras de reconstrucción o mejoramiento.
En materia de demoliciones, se precisó que la intervención municipal se concentra en fachadas y elementos que representan riesgo para el espacio público y los transeúntes, mientras que la responsabilidad sobre el interior de los predios corresponde a cada propietario.
Finalmente, se informó que Manizales ya cuenta con un estudio de microzonificación sísmica desarrollado junto con la Universidad de los Andes, y con un software que permite consultar las características del suelo para el diseño de nuevas edificaciones, herramienta que solo está pendiente de un decreto municipal que la formalice.
Lo que sigue
Desde la Corporación Cívica de Caldas seguiremos haciendo seguimiento a este proceso, porque de él depende no solo la forma en que Manizales financiará su reconstrucción, sino también la manera en que esos recursos serán ejecutados, vigilados y rendidos ante la ciudadanía en los próximos años. Invitamos a los manizaleños a mantenerse informados, a consultar directamente las actas y ponencias públicas del Concejo, y a ejercer un control social activo y propositivo sobre cada peso que se destine a la recuperación de nuestra ciudad.