CCC encuentra falta de transparencia en contratos del Hospital San Marcos de Chinchiná

La Corporación Cívica de Caldas (CCC) llama la atención sobre la falta de transparencia contractual que se viene presentando en el Hospital San Marcos del municipio Chinchiná. Durante los últimos meses se ha podido confirmar que esta entidad de salud no publica en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) la totalidad de la información de sus contratos.

La CCC ha podido constatarlo en la revisión periódica que hace de los contratos públicos de los diferentes municipios de Caldas. Sobre dicho hospital, en el sistema público de información contractual, únicamente se encuentran registros mínimos y no es posible encontrar ni los documentos contractuales, ni la identificación de los contratistas, entre otros. Incluso la entidad ha guardado silencio ante una solicitud de información que fue enviada por la CCC, en la cual se indagaba por las razones de este comportamiento.

La información de esta falta de transparencia ha sido remitida a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría Departamental de Caldas. Esto con el fin de que, como entidades de control, establezcan las sanciones o correctivos que correspondan.

La CCC resalta que los hospitales departamentales hacen parte de las entidades públicas que más riesgo de corrupción pueden llegar a presentar, debido al régimen especial que les permite un nivel más alto de contratos directos, un tipo de contratación en el que existe mayor discreción de los funcionarios contratantes. En este medida, los hospitales departamantales deben alcanzar los mejores estándares de transparencia y de divulgación de información contractual, con el fin de mitigar al máximo los riesgos de corrupción.

Sumado a lo anterior, es necesario destacar que la época electoral en la que nos encontramos puede llegar a agravar el riesgo de corrupción que esta falta de transparencia genera. Una adecuada transparencia contractual permite mantener un control social en lo electoral, con el fin de evitar que recursos públicos terminen destinados para campañas políticas o actividades de proselitismo.

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