La Corporación Cívica de Caldas manifiesta su desconcierto e indignación por la declaratoria de nulidad por parte de la Contraloría General de la República en el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por hechos irregulares ocurridos en Aerocafé entre los años 2009 y 2010, los cuales fueron investigados y denunciados oportunamente por esta organización, en conjunto con el diario La Patria.
Si bien las formalidades procesales deben respetarse como una garantía fundamental del debido proceso para todas las partes involucradas, la norma señala que la nulidad se puede declarar en cualquier momento del proceso en el que se advierta una causal. Declarar una nulidad en enero de 2016 sobre un auto proferido 5 años atrás resulta diciente de la atención y el interés que la Contraloría General de la República le ha puesto a este proceso, y tiene consecuencias jurídicas concretas ya que puede conducir a una prescripción de la acción fiscal en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, con la consecuente impunidad frente a gravísimos hechos de corrupción denunciados por esta Corporación, cuyo detrimento patrimonial que fue estimado en 2010 en $16.960.598.809 por la misma Contraloría General de la República.
El auto 023 del 22 de enero de 2016 “por el cual se declara de oficio la nulidad del auto 077 de 27 de enero de 2011 mediante el cual se dispuso el cierre de la indagación preliminar y se ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. CD-0271-2010 inclusive y las decisiones posteriores”, deja la causa fiscal en la etapa de indagación preliminar que se ordenó iniciar mediante auto No 000845 del 26 de noviembre de 2010, poniendo en riesgo la posibilidad de que opere la prescripción y de esta manera no se pueda llegar a una decisión de fondo sobre los hechos denunciados en su momento por la Corporación Cívica de Caldas y La Patria, relacionados con posibles sobrecostos en las obras y cambios en los diseños contratados, todo esto favorecido presuntamente por relaciones estrechas entre contratistas e interventores, las cuales fueron evidenciadas con pruebas que oportunamente se remitieron a los órganos de control.
Resulta desconcertante que el esfuerzo que se realiza desde la sociedad civil para investigar, documentar y denunciar aparentes hechos de corrupción a través de veedurías ciudadanas como lo es la Corporación Cívica de Caldas, se vea truncado por procesos paquidérmicos en los órganos de control, que finalmente por vicios de forma que no fueron alertados y corregidos con celeridad, o por el simple paso del tiempo, pueden terminar con un cierre procesal, sin que se llegue a una decisión de fondo que determine si hubo o no responsabilidades fiscales, y en caso de haberlas que sancione a los responsables y le permita al Estado recuperar los dineros públicos que se presumen embolatados o dilapidados
