Informe especial: segunda entrega.
Después de dos meses investigando los 11 proyectos con los que Caldas enfrenta la pandemia, a través de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), la Corcivicaldas y el Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales, comparten sus principales conclusiones acerca del acceso a la información y cómo se invierten estos recursos.
¿Qué dicen las banderas?
La primera entrega de este informe especial evidenció que se rastrearon un total de 33 banderas, entre rojas y amarillas, en los 11 proyectos. La metodología de la Open Contracting Partnership, por la cual se llegó a estas, permite identificar alarmas o alertas en la ejecución de proyectos, a partir de parámetros de tiempo de ejecución, porcentaje de avance, estado general, y recursos ejecutados, entre otros.
Por ejemplo, uno de los aspectos más relevantes fue generar un parámetro de avance esperado; para determinarlo se requirió identificar de qué manera el tiempo transcurrido y el programado daban un porcentaje. De los 6 proyectos que presentaron banderas, el criterio avance financiero/avance esperado es el más crítico, al igual que el de avance físico/avance esperado. Estos 3 anteriores son los más delicados.
En cuanto al registro de datos generales, tales como nombres, fechas, valores, entre otros, es el que mejor cumplen los entes ejecutores a la hora de reportar sus datos en las plataformas. Se entiende que esta es su función básica, sin embargo, hay datos faltantes que se omiten involuntariamente, o de manera premeditada, lo que genera un vacío de información importante para el control social.
Por último, 5 de los 6 proyectos tienen banderas amarillas que reflejan incumplimiento en el tiempo de ejecución, con más de 2 meses pero menos de 6 de retraso. De esto se infiere que hay dificultades en la planificación y ejecución.
Brecha entre la realidad y lo que evidencian las plataformas
Para la investigación, se enviaron 10 derechos de petición a alcaldías y entes ejecutores, a los cuales respondieron 6: la U de Caldas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Alcaldía de Supía, Aguadas, Marmato y Villamaría . Las 5 primeras respuestas tienen algo en común, y es que manifestaron tener dificultades con lo diligenciado en las plataformas de gestión de proyectos del Sistema General de Regalías (pese a demostrar cumplir con las fechas de corte y otros requisitos), y cómo esta migra a plataformas y webs de control ciudadano.
Mantener la información lo más cercanamente posible a la realidad, en plataformas como Mapa Inversiones y Auditores Ciudadanos, es una responsabilidad que va tanto en el ejecutor del proyecto, como en la labor del Departamento Nacional de Planeación (DNP), pues contribuye al adecuado ejercicio del control social de estos recursos.
Los municipios y sus capacidades
El derecho de petición es un derecho constitucional de superior importancia, está en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 1437 de 2011 y en la 1755 de 2015. Cualquier ciudadano puede acceder a este para conocer información pública. Al pasar los días del envío de los 10 derechos, se intuyó que los municipios no contaban con la capacidad instalada para responderlos en el tiempo vigente, una hipótesis que podría confirmarse con una de las respuestas de la Alcaldía de Supía: “la planta de personal de la administración municipal, en carrera administrativa, nombramientos provisionales y libre nombramiento, es muy pequeña, esto es (29) personas”. Esa misma falta de capacidad instalada es la misma que puede generar miedo para formular proyectos desde los municipios y a través del SGR.
La Corcivicaldas indagó con la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Caldas, los saldos disponibles por regalías que tienen los municipios de los proyectos investigados, al 27 de septiembre del presente año.
Según Valentín Sierra, actual secretario de esta cartera departamental, la Gobernación les brinda todas las herramientas posibles para la adecuada formulación y seguimiento de la ejecución de este tipo de proyectos, partiendo de una estrategia integral con tres fases: trabajo específico con cada municipio, acompañamiento en uso de herramientas de planificación, y entrenamiento en el SPI (Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión) del DNP, además de soporte a ajustes presupuestales.
La Alcaldía de Supía asegura en su respuesta que la principal dificultad a la que se enfrenta para cumplir los requisitos de aprobación de un proyecto financiado con recursos SGR, es la ausencia de estudios y diseños en fase 3 en el banco municipal del proyecto, con lo que concuerda Aguadas y Villamaría, este último, específicamente en sectores como transporte, vivienda y deporte.
Además, Supía afirma que los recursos a los que accedió esta vez para el proyecto de subsidios alimentarios, por $16.320.000, no fueron suficientes “teniendo en cuenta el número de mineros que se tenían inscritos en la plataforma génesis a la fecha de entrega de las ayudas alimentarias, quedando más del 60% del grupo poblacional registrado sin acceder a la ayuda alimentaria”, algo en lo que también están de acuerdo Aguadas y Villamaría (es importante reiterar que Marmato respondió a su derecho de petición de manera incompleta).
La Corcivicaldas se cuestiona entonces por cómo se hará la inversión de esos saldos por regalías, los sectores a priorizar de acuerdo a la pandemia, su retorno al ciudadano, y el rol ideal a desarrollar no solo por alcaldías y la Gobernación, sino también por el Departamento Nacional de Planeación.
El futuro de las regalías, ¿en qué se va a invertir?
Según la plataforma de acceso público, Mapa Inversiones, Caldas ha logrado generar $ 61.372.783.180 en regalías, a través de la explotación de 22 minerales, del 2012 al 2020. También, se han ejecutado 318 proyectos en el departamento con recursos SGR.
De acuerdo a lo indagado con la Secretaría de Planeación, las cifras son un poco distintas, pues desde el 2012 al 2021 se han realizado 52 proyectos financiados con recursos SGR, por un monto de $428.623 millones, que no solo provienen de la explotación de dichos minerales.
En lo que sí coinciden es que el sector transporte ha sido al que más se le ha invertido ($320.896 millones, según la Gobernación de Caldas, 135 proyectos en Mapa Inversiones); de acuerdo a Valentín Sierra, se justifica plenamente en la intención de cerrar brechas en el componente de conectividad, “somos el departamento número 17 entre los departamentos del país en cuanto a los costos de movilidad de carga por vías terrestres, y el 70% de las cargas del país se mueven por estas”.
A futuro, la administración departamental priorizará los siguientes sectores para su inversión del SGR: infraestructura, transporte, salud, vivienda, desarrollo social, recreación y deporte, promoción del desarrollo, agricultura y desarrollo rural, y fortalecimiento institucional.
La Corcivicaldas consultó con el economista, administrador, especialista en Negociación y MBA, Juan Martín Dussán (@jmdussanlopez) acerca de cuáles son los sectores que deberían priorizarse a futuro en Caldas para este tipo de proyectos, a lo que respondió: reactivación económica/desarrollo económico, inclusión social y medio ambiente. Según Dussán, el proyecto insignia actual del departamento es Aerocafé, que tiene recursos de la Nación, sin embargo, si Caldas lleva 9 años priorizando el transporte, ¿por qué se sigue invirtiendo en esto y hasta cuándo será?