Mañana sábado 29 de enero de 2022 , entra a regir la restricción por la que los entes del estado no podrán celebrar contratos con la modalidad de contratación directa, hasta que se elija al nuevo presidente de Colombia, gracias a Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías Electorales.
Pese a que dicha ley dispone de varias limitaciones y prohibiciones, como la de celebrar convenios interadministrativos desde el pasado 13 de noviembre, la Corcivicaldas quiere enfocarse en los riesgos de contratar bajo la modalidad de contratación directa, además de advertir sobre la importancia de planificar la contratación para así usar modalidades más abiertas y justas, con la oportunidad de más oferentes, y no optar por la directa por motivos de tiempo u otras justificaciones que permitan que esta contratación pase a ser general, y no algo excepcional, como debe ser.
A fin de dar a entender mejor la importancia de los contratos en la gestión estatal, hay una frase de la Open Contracting Partnership que dice “Nuestro mundo está construido sobre contratos públicos (…)”, lo que hace necesario velar por la transparencia y eficiencia de dichos procesos, advirtiendo que la contratación directa permite la discrecionalidad en los gobernantes, además de abrir la puerta para actos de corrupción y pagar favores.
De acuerdo al Secop II, entre el 13 de noviembre de 2021 al 25 de enero de 2022, la Alcaldía de Manizales firmó 132 contratos directos por $66.240.913.950, una suma que incluye el préstamo que adquirió el municipio para ejecutar el proyecto de la Línea 3 del Cable Aéreo, por $62 mil millones. Este fue por contratación directa, pues según la ley no tiene la necesidad de pasar por una licitación, sin embargo la Alcaldía sí revisó varias propuestas de diferentes bancos para así firmar con la mejor (la de Bancolombia), un punto a favor que la Corcivicaldas reconoce. En cuanto a la Gobernación de Caldas, se firmaron 517 contratos directos en el mismo rango de tiempo, por $22.716.453.792.*
La CCC comparó estos datos con los del periodo previo a esta misma restricción de las elecciones del 2018, o sea desde el 11 de noviembre de 2017 al 25 de enero de 2018, encontrando:
- Alcaldía de Manizales: 277 contratos directos, por un valor de $16.407.581.886, los cuales tuvieron adiciones por $888.688.017, así que el valor total de lo que realmente se pagó fue de $17.296.269.903, según el Secop I.
- Gobernación de Caldas: 566 contratos directos por $45.736.594.104, con adiciones de $1.465.219.037, por lo que el valor total de lo que realmente se pagó fue de $47.201.813.141, según el Secop I.
La Ley de Garantías es un respaldo a la transparencia en la contienda electoral, evita la influencia de servidores públicos sobre los electores, permite a las administraciones ser objetivas en sus gastos durante el tiempo que rige, protege al funcionario público que desea votar distinto a su nominador (jefe), y evita el uso de recursos y cargos públicos para buscar favores políticos. Está en cabeza de los funcionarios y funcionarias, y de candidatos y candidatas cumplir con lo que esta pretende.
Nota: la CCC le hace un reconocimiento a la administración municipal y departamental por migrar al uso del Secop II, que permite un mejor procesamiento de la información.
*Vale aclarar que dichas sumas y números de contratos representan la contratación directa de los próximos cuatro meses, además de que a la fecha de la búsqueda de los datos, aún faltaban tres días para el inicio de la restricción.
