CCC pide estándares legales para divulgación de información pública en redes.

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La Corporación Cívica de Caldas (CCC) viene registrando con preocupación algunas estrategias de divulgación que ha implementado la Alcaldía de Manizales para la información referida tanto a la atención de la emergencia sanitaria y económica, como a otras labores ordinarias de su gestión. Especialmente la publicación que viene haciendo a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Whatsapp.

La CCC le pide a la Alcaldía de Manizales a que armonice su política de comunicaciones a los estándares legales de la Ley 1712 de 2014, sin perder de vista los contenidos que deben privilegiarse y los principios que deben respetarse al momento divulgar información pública a través de los canales oficiales, como las redes sociales y cualquier otro espacio digital.

Este domingo 17 de mayo, en las horas de la noche, a través de redes sociales la administración municipal dio a conocer algunos de los cambios sobre flexibilización del aislamiento y la cuarentena en la ciudad, para hacer efectivos a partir de este lunes. Sin embargo, se conoció que estas medidas ya se habían reglamentado desde el viernes anterior, 15 de mayo, a través del Decreto 387 de 2020, y que  incluso habían sido estudiadas a lo largo de esa semana. La Alcaldía estuvo haciendo llamados a la ciudadanía durante el fin de semana para que conocieran estos cambios a partir de la 7 p.m. del domingo, a través de las cuentas oficiales en redes sociales.

Para la CCC, esta dilación de dos días en la divulgación de medidas ya tomadas, así como el poco tiempo entre su publicación y su puesta en marcha, obedecen a estrategias de comunicación que generan un desconocimiento de los estándares legales de la Ley 1712 de 2014, que rige el modo en que las entidades públicas deben divulgar la información de interés general.

Al parecer vinculadas al aprovechamiento de campañas de expectativa, estas estrategias tienden a vulnerar principios legales de transparencia como el de faciltiación, no discriminación, celeridad, eficacia, calidad de la información y divulgación proactiva, todos regulados por la ley mencionada. En términos generales, se debe a que este tipo de estrategias suspenden de manera injustificada el acceso ciudadano a la información y desconocen la naturaleza oportuna y de acceso ágil que se espera de toda divulgación pública. La forma en la que las entidades divulgan su información está directamente ligada al derechos de los ciudadanos a estar bien informados sobre asuntos públicos y a tomar decisiones oportunas para el ejercicio de otros derechos.

Consideraciones para aumentar interacciones, seguidores o vistas en redes sociales, o para posicionar marcas de políticas oficiales, no están reconocidas por la ley como criterios rectores en la divulgación de información pública. Incluso cualquier estrategia publicitaria para posicionar la imagen del gobernante está prohibida por el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). En este medida es indispensable recordar que los funcionarios o contratistas tienen el deber constitucional de abstenerse de llevar a cabo estrategias que no estén contempladas en las leyes que rigen sus funciones.

La CCC invita a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería de Manizales para que, como ministerio público y directos responsables de la política de transparencia y acceso a la información en el país y la ciudad, activen su control preventivo y disciplinario para alcanzar el cumplimiento de los estándares legales de transparencia en redes sociales y canales digitales.

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