La Corporación Cívica de Caldas (CCC) consultó a la Secretaría de Vivienda de la Gobernación de Caldas sobre el estado actual del proyecto de vivienda Reserva de Santamaría, luego del presunto incumplimiento del constructor. La respuesta evidencia que el proyecto continúa en una etapa de incertidumbre jurídica y administrativa: aún no se ha formalizado la terminación del contrato, la reclamación ante la aseguradora sigue en trámite tras una objeción presentada por esta, y todavía no se han iniciado acciones judiciales contra el constructor.
La CCC hace un llamado a la Gobernación de Caldas para que adelante las actuaciones jurídicas y administrativas necesarias que garanticen la protección de los intereses públicos. Asimismo, es fundamental que se exploren alternativas que hagan posible la reactivación o continuidad del proyecto, evitando que cerca de 170 familias potencialmente beneficiarias continúen en una incertidumbre indefinida frente a la posibilidad de acceder a una vivienda.
*Informe realizado con base en la respuesta de la Secretaría de Vivienda de Caldas del 21 de julio de 2026 al derecho de petición presentado por la CCC.
¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto Reserva de Santa María es una iniciativa de la Gobernación de Caldas, desarrollada a través de un patrimonio autónomo administrado por Fiduciaria Central S.A., para construir hasta 880 viviendas en Manizales. El modelo contemplaba una primera etapa con 200 viviendas de interés prioritario (VIP) y 120 viviendas de interés social (VIS), financiada conjuntamente por la Gobernación y el constructor. Para ello, la Gobernación aportó el lote, avaluado en $5.935 millones, estudios técnicos por cerca de $118 millones y la gestión institucional; el valor de estos aportes en especie se destinó como subsidio para las 200 viviendas VIP.
Por su parte, el constructor debía aportar los recursos necesarios para estructurar, construir y entregar la totalidad del proyecto y, posteriormente, desarrollar las etapas restantes, con una proyección de hasta 560 viviendas VIS adicionales, para completar aproximadamente 680 viviendas VIS y 880 soluciones habitacionales, además de zonas verdes, espacios recreativos y otras obras de urbanismo.
Reserva de Santa María corresponde al Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) 3 de un Patrimonio Autónomo Matriz, cuyos PAD 1 y 2 corresponden al proyecto Mil Viviendas, una iniciativa iniciada durante el gobierno del exgobernador Luis Carlos Velásquez. Aunque se trata de proyectos diferenciados, ambos hacen parte de esta misma estructura de patrimonio autónomo.
Invitamos a consultar los comunicados de la CCC sobre Mil Viviendas, en los siguientes enlaces:
Proyecto Mil Viviendas: 980 promesas incumplidas – Corporación Cívica de Caldas
Sobre Reserva de Santa María, en los siguientes:
RESERVA DE SANTA MARÍA – Corporación Cívica de Caldas
La ejecución del proyecto quedó respaldada mediante un contrato fiduciario y pólizas de cumplimiento para proteger los recursos públicos y garantizar las obligaciones del constructor. Entre los requisitos para acceder a las viviendas se encontraban no ser propietario de otro inmueble, tener ingresos de hasta 4 salarios mínimos, contar con un crédito aprobado y pertenecer a alguno de los grupos poblacionales priorizados por la Gobernación, entre ellos artistas, deportistas, bomberos y comunicadores sociales.
Un proyecto en crisis:
Según la Secretaría de Vivienda de Caldas la actual crisis del proyecto Reserva de Santa María se originó por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Consorcio Construimos Manizales 2023, especialmente por el incumplimiento de los plazos establecidos y de los compromisos a su cargo como constructor desarrollador. Antes de adoptar medidas sancionatorias, la Secretaría de Vivienda activó en septiembre de 2025 la etapa de negociación directa con el consorcio, durante la cual este propuso alternativas como la cesión del contrato, la incorporación de nuevos recursos financieros, la vinculación de terceros, la constitución de depósitos fiduciarios y la gestión de un crédito constructor ante el Fondo Nacional del Ahorro. Sin embargo, en noviembre de 2025 estas propuestas fueron descartadas al no contar con el respaldo financiero y documental suficiente, por lo que la negociación concluyó sin acuerdo.
Como consecuencia, el Comité Fiduciario (máxima instancia de decisión del patrimonio autónomo) ordenó hacer efectiva la cláusula penal por incumplimiento prevista en el contrato, cuyo pago se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento expedida por Berkley International Seguros Colombia S.A., con un valor asegurado de $1.949 millones. Para ello, instruyó el inicio del proceso de declaratoria del siniestro y la presentación de la correspondiente reclamación ante la aseguradora. La reclamación fue radicada el 16 de marzo de 2026; sin embargo, Berkley objetó la solicitud al considerar que el perjuicio reclamado no estaba suficientemente acreditado. Actualmente, la Fiduciaria Central S.A. y la Secretaría de Vivienda recopilan los soportes técnicos, financieros, administrativos y jurídicos necesarios para responder a esa objeción y fortalecer la reclamación, mientras avanzan en la contratación de un equipo jurídico especializado para definir las acciones que correspondan.
Aunque estas actuaciones se encuentran en curso, la Gobernación informó que la terminación formal del contrato aún no ha sido declarada y continúa en estudio por parte del Comité Fiduciario. Asimismo, precisó que hasta la fecha no se ha iniciado ninguna demanda judicial contra el consorcio constructor, no existen medidas cautelares sobre sus bienes y tampoco se ha cuantificado oficialmente el perjuicio económico derivado del incumplimiento, debido a que aún no se ha iniciado una actuación judicial.